A reserva de ampliarle detalles en una próxima entrega, le adelantó que la negativa del Congreso de Puebla de aprobar la reforma constitucional que regula la deuda de estados y municipios, podría derivar en una exhibida al gobierno morenovallista por las millonarias obligaciones que tiene con diversos proveedores a través de los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios, mejor conocidos como PPS.

Se sabe que hasta el día de hoy la reforma constitucional ha sido aprobada por 14 de los 17 Congresos locales que se requieren para su promulgación, pero que esta semana podrían avalarla otros tres, con lo que entraría en vigor.

La reforma en materia de disciplina financiera para entidades y municipios, que modificó los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, prohíbe entre otros aspectos la contratación de deuda dejando en garantía las participaciones federales.

Como ocurre con los PPS que los ayuntamientos de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Martín Texmelucan, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez tuvieron que contratar a la empresa Infraenergía SA de CV para el suministro, provisión, instalación y conservación del equipo del alumbrado público, con cargo al 30% de sus participaciones federales de 2014 al año 2024, por un monto de 703 millones 319 mil pesos.

O con los PPS que el gobierno del estado contrató para la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, la construcción del nuevo edificio de la PGJ, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco, y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis por un total de 15 mil 444 millones de pesos.

Se imagina el escándalo que se armará cuándo los poblanos nos enteremos, a partir de la reforma constitucional, que el saldo de las obligaciones y empréstitos del estado de Puebla duplica la deuda directa, avalada y sin aval que heredó Mario Marín Torres al concluir su sexenio.

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Breves del Poder Judicial

Por quinta ocasión al hilo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado quedó en ridículo, al sufrir un nuevo revés jurídico por el caso del destituido juez Enrique Romero Razo, de quien se ordenó su restitución, una vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito falló a su favor en el juicio de amparo.

Para ello, Romero Razo tuvo que recurrir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta nueva resolución no sólo obliga al TSJ a restituir al juez en su cargo, sino a pagarle los salarios caídos generados durante el largo proceso judicial, los cuales ascienden a más de 2 millones de pesos.

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Entre algunos jueces y magistrados del Poder Judicial llama la atención las consideraciones de que goza el hijo del magistrado Jorge Ramón Morales, Adán Morales Ruiz, quien labora en la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia, a la que suele llegar después de lasa 10 de la mañana para retirarse en punto de las 15 horas, percibiendo un sueldo de 20 mil pesos mensuales.

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En el más absoluto sigilo se ordenó la restitución del juez Alejandro Ramírez Cante ahora como titular del Juzgado de Chignahuapan.

Su caso es interesante pues Ramírez Cante fue enviado a prisión durante más de un año acusado de delitos contra la administración de justicia.

Tras su detención, el juez promovió un amparo y litigó su propio juicio hasta que logró recuperar su libertad, echar por tierra los delitos que se le imputaron y recuperar el cargo del que fue destituido.

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Este viernes se cierran las inscripciones para el Seminario de Periodismo de Investigación convocado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, y que será impartido por los periodistas del semanario Proceso Jenaro Villamil, Álvaro Delgado y Juan Pablo Proal, en tres módulos que se impartirán durante tres fines de semana.

Villamil ofrecerá el módulo Perspectivas del periodismo digital; Proal el módulo Sin estilo no hay hipnosis, y Delgado el módulo Géneros periodísticos: técnica, ética y estética.

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Puebla, Pue., a 8 de abril de 2015

Rodolfo Ruiz Rodríguez

Director General de e-consulta

P R E S E N T E:

Aprovecho este conducto para enviarte un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer una precisión sobre el tema que hoy abordas en tu columna La Corte de los Milagros, el cual se titula “Aguas con la deuda oculta del gobierno del estado”, en el que se hace referencia a que el Congreso del Estado de Puebla se niega a aprobar las reformas en materia de Disciplina Financiera para Estados y Municipios.

El Congreso del Estado de Puebla fue el primero en aprobar las reformas a los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de México. Los legisladores poblanos avalaron dichas disposiciones el pasado 20 de febrero, así consta en el Seguimiento a Reformas Constitucionales en el portal del Senado de la República, cuyos links pego a continuación para su consulta.

http://www.senado.gob.mx/documentos/Congresos/Financiera/Puebla_financiera_20022015.pdf     (anexo 1)

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sen&mn=6&sm=37 (anexo 2)

Además, anexo un boletín que generó la Dirección de Comunicación Social a mi cargo, el cual se tituló “Puebla, primer Estado en avalar reformas de disciplina financiera”, el cual fue enviado a los medios de comunicación el mismo viernes 20 de febrero, con el objetivo de informar a la gente sobre estas importantes reformas.

Sin más por el momento, agradezco tu atención y quedo a tus órdenes para cualquier duda o comentario.

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Atentamente:

Raúl Reynoso Nuño

Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas

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Un fracaso el nuevo sistema de justicia adversarial

Vicente Pacheco deja la Upaep; Elyser Tato, al DIF Municipal

En el transcurso de los próximos días u horas se sabrá la fecha en que Roberto Flores Toledano rendirá su primer informe de labores como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y si éste marcará su despedida al frente del Poder Judicial del estado, ante los magros resultados de su gestión, caracterizada por el abandono de los proyectos de su antecesor, el cese de varios jueces del nuevo sistema de justicia adversarial, el encarcelamiento de otros y el fracaso de los llamados juicios orales.

Entre los proyectos iniciados por el anterior presidente del TSJ, David López Muñoz, y que Flores Toledano suspendió destaca la creación de Juzgados Municipales en las principales cabeceras de la entidad. La mayoría de los convenios que desde hace dos años se firmaron con diferentes alcaldes para la instalación y funcionamiento de juzgados no se han aterrizado y, por lo visto, ya ni se construirán. Como botón de muestra están los casos de Acatlán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Esperanza.

Sobre el nuevo sistema de justicia adversarial llama la atención que dos de los jueces nombrados en la gestión de Flores Toledano han sido corridos por supuestos actos de corrupción o delitos contra la administración de justicia. Uno es el juez oral de control de Ciudad Serdán, José Luis Ramírez Santos, y otro el juez de ejecución de sentencias itinerante Iván Roberto Vargas Carmona.

José Luis Ramírez fue removido del Juzgado Penal de Ciudad Serdán, por supuestos actos de corrupción en que habría incurrido en complicidad con el agente del Ministerio Público Especializado en Juicios Orales, Servando Ochoa Sebastián, y el jefe de Causas de ese Juzgado, Jorge González Sánchez, hijo del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado Puebla (TEEP), Gabriel González Alegría, hoy juez civil de Tepeaca.

Iván Roberto Vargas, juez itinerante de ejecución de sentencias también salió del Poder Judicial del estado —a menos de tres años de haber sido nombrado— entre  acusaciones de corrupción vinculadas con preliberaciones de algunos sentenciados.

Quien también fue destituida como juez civil de Tecamachalco es Araceli Díaz Carcaño, quien regresó a su anterior plaza como secretaria de Juzgado, por diferencias con el presidente del TSJ.

En la gestión de Flores Toledano varios jueces han sido procesados por delitos contra la administración de justicia: Maritza Flores Hernández, del Juzgado Civil de Teziutlán, por extravío de expedientes; Jesús Sánchez Jiménez, juez mixto del distrito de Chiautla de Tapia, por enviar a prisión a militantes panistas que en marzo del año pasado tomaron la presidencia municipal de Teotlalco; y Alejandro Ramírez Cante, juez penal de Huejotzingo, por dejar en libertad a dos presuntos homicidas vinculados con el crimen organizado.

Sin embargo, la discrecionalidad con que se actuó inconformó a ciertos funcionarios del Poder Judicial del estado, como Blanca Laura Villeda, que cuestionaron el doble rasero del presidente del TSJ en cuanto al procesamiento de jueces, pues a unos —como Ramírez Cante— eran enviados a prisión y otros, que habían incurrido en las mismas irregularidades —como el juez José Luis Arenas Juárez, del Juzgado Penal de Tepeaca— sólo eran cambiados de Juzgado.

El rezago en la apertura y funcionamiento de salas orales, en la Sierra Norte de Puebla y otras regiones de la entidad, es otro de los pendientes de Flores Toledano. Por falta de recursos la construcción de estos juzgados se atrasó, lo que no impidió que decenas de delincuentes obtuvieran su liberación anticipada.

En el 80% de los juicios orales efectuados el año pasado, las sentencias fueron favorables para los acusados, y no porque en realidad fueran inocentes, sino por la falta de preparación de los jueces orales y la incapacidad de los ministerios públicos para acreditar los delitos por los que aquellos fueron enviados a prisión.

Por lo anterior es que en los pasillos del Poder Judicial se especula con el relevo de Flores Toledano después de su informe, y la llegada del magistrado Amador Coutiño Chavarría como su sucesor en la presidencia del TSJ, aprovechando su experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud.

Otra especulación entre magistrados y jueces es el nombramiento del hijo del diputado federal Jesús Morales Flores —Guillermo Morales Rodríguez, quien actualmente se desempeña como secretario adjunto del magistrado presidente del TSJ— como titular de un juzgado en la capital del estado.

EN CORTO

Después de más de casi 40 años de fungir como secretario general de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) Vicente Pacheco Ceballos, fue relevado del cargo por José Antonio Llergo Victoria, quien fungía como director del Departamento de Ciencias Sociales.

Vicente Pacheco se mantendrá en la institución pero ahora como secretario general emérito.

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Justy Elyser Tato se perfila como el próximo director general del Sistema Municipal DIF. Se trata de un consultor internacional que desde hace más de 20 años ha trabajado en México y en el mundo con diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuenta con diferentes maestrías y posgrados en el extranjero en áreas como Dirección de Fundaciones, Procuración de Fondos, Responsabilidad Social y Ayuda Humanitaria, y ha participado en organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Oxfam y la Cruz Roja. En Puebla fue el creador del programa Corazoles y el fundador del holding de comunicación publicitaria Alkimia Group.

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Jesús Ramón Rodríguez Guardado, excoordinador Jurídico del Ayuntamiento de Puebla en la saliente gestión de Eduardo Rivera Pérez, es el nuevo abogado general de la Upaep.

Sustituye en la institución universitaria a Gumercindo Bautista Gracida, quien hace unos días falleció.

Gumersindo Bautista fue además de abogado general, coordinador del Bufete Jurídico de la institución universitaria durante más de dos décadas.

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