Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llegado una queja colectiva por despidos masivos, acoso y discriminación por edad y género (mobbing laboral) en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rodolfo Reyes Coria y Alejandro Minor Castillo, respectivamente.

La queja fechada el 10 de octubre del año en curso quedó radicada con el número de folio 107653 y entre quienes la interpusieron figuran Claudia Francisco Morales Juárez, Gabriela Huerta Carrasco, Anabel Michinami Espíndola, María Lourdes Barba Ruiz, Norma Hernández Hernández, Silvia Emilia Marrufo Carrasco, Yolanda Alvarado Camacho, Diana Lizbeth Macías Hernández, María de las Nieves Vázquez Hernández y Alicia Jiménez Torres.

Como puede observarse, la queja la presentan sólo damas, pues a decir de las firmantes al delegado del IMSS no le gusta trabajar con mujeres, por lo que se vale de cualquier argucia para despedirlas u hostigarlas laboralmente, hasta conseguir su renuncia o cese, en complicidad con el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación.

En la queja presentada contra Reyes Coria y Minor Castillo —y que este lunes la senadora panista del estado de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández ventiló en la Cámara Alta en el marco de las entrevistas y negociaciones sobre el futuro presidente de la CNDH—se dice que ambos funcionarios han seguido despidiendo y acosando a mujeres, entre ellas ocho que laboraban en la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente y el Departamento de Relaciones Contractuales, y a la jefa de Prestaciones Médicas, Martha Leticia Valdés Martínez.

Esta última, según se asienta en el escrito dirigido a la senadora Adriana Dávila, también ha interpuesto una queja ante el Órgano de Control Interno del IMSS por las trabas que se le ponen para el cumplimiento de sus funciones, no obstante haber conseguido para la delegación Puebla algunos reconocimientos nacionales.

Sobre estas quejas, la Delegación del IMSS rechazó que Reyes Coria hubiese pedido a la jefa de Prestaciones Médicas su renuncia, y aclaró que si hubo liquidaciones en la Coordinación de Atención al Derechohabiente es porque tres de las personas que estaban contratadas —Marisol Magaly Garrido Benítez, Gabriela Martínez Sánchez y Pamela Berenice Segura Vázquez— no obtuvieron los resultados esperados.

Finalmente precisó que la queja promovida por Yolanda Alvarado Camacho en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación obedece a las investigaciones que se le siguen a nivel central desde enero de 2013, tras la auditoría que se le practicó y por la que fue encontrada responsable de ejercicio indebido de servicio público, y por operar una red de complicidades en las Subdelegaciones del IMSS de Puebla, a partir del Departamento de Auditoría a Patrones en la Jefatura de Afiliación y Cobranza, de la cual fue titular.

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Aunque la causa principal por la que no fueron reconocidos ni acreditados los representantes de los tres nuevos partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) es económica o presupuestal, lo más probable es que a pesar de eso tendrán que romper el cochinito y entregarles el equivalente a tres meses de financiamiento público estatal.

Y es que en esta materia hay tesis y jurisprudencias que indican todos los partidos políticos con registro nacional tienen que recibir financiamiento para el desarrollo de sus actividades, aun cuando en las elecciones locales no hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación.

En ese tenor, lo más probable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla terminen fallando a favor de los tres nuevos partidos nacionales que buscaron acreditarse en el IEE, pero que les mandaron a decir que mejor se esperen hasta enero del próximo año.

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