Ocurrió el jueves de hace ocho días en el Mid Town Bar de Palmas Plaza.

Un influyente secretario del gabinete marinista departía feliz de la vida con algunos personajes, entre ellos el exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, en la parte alta del sitio.

A eso de las 23:00 horas cuando el alcohol había corrido a raudales, y al secretario y a sus amigos les habían llevado tortas compuestas, se sumaron al grupo tres figuras que atrajeron la atención de la concurrencia del Mid Town.

Y como no. Si iban maquilladas, contoneando sus caderas, con blusas entalladas y pantalones ajustados.

Dos de ellas se sentaron flanqueando al canoso secretario, y una más frente a él.

Las primeras, hay que aclararlo, eran travestis.

Lo que el secretario ignora es que su resbalón fue fotografiado a través de un celular y que si bien las imágenes captadas por ese móvil de Telcel son muy oscuras, él y sus trasvestis son perfectamente reconocibles.

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Además del nuevo noticiario de Fernando Abraham y Ángeles Conde, que se transmitirá de 6 a 9 de la mañana por ABC Radio, Jorge Rodríguez Corona debutará el próximo 18 de mayo como conductor de un informativo nocturno por la misma estación de la banda de Amplitud Modulada.

El espacio de Jorge Rodríguez, quien actualmente se desempeña como subdirector editorial de El Sol de Puebla, se denominará ABC Noticias emisión nocturna, y se transmitirá de lunes a viernes de 20 a 21 horas.

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Desde la capital de Jalisco, donde participó como ponente en la Tercera Reunión Mundial de la Asociación de Universidades y otras Instituciones de Educación Superior, el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, manda a decir que no tiene previsto realizar ningún cambio o enroque en su equipo de primer nivel.

Agüera fue invitado por el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, a ese encuentro internacional al que asisten rectores y directivos de universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, con la ponencia “Construyendo juntos el futuro de las comunidades”.

En dicha reunión, que tiene como sede la Universidad de Guadalajara, se dijo que no más del 3% de las instituciones de enseñanza superior de Latinoamérica están en condiciones de competir en sus índices de calidad con las universidades europeas y de Estados Unidos.

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A unos días de que arranquen oficialmente las campañas de candidatos a diputados federales, el Centro Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) abrirá en Puebla una nueva oficina en Izúcar de Matamoros, con el propósito de monitorear lo que ocurra en la Mixteca poblana en materia política y delincuencia organizada.

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Simón dice:

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos…”
Charles Chaplin (1889-1977), actor, director, escritor, productor y compositor británico.

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Blanca Alcalá Ruiz sigue deshojando la margarita sobre el sustituto de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Muchos son los nombres que a la presidenta municipal de Puebla le han propuesto, sin que ninguno termine de convencerla.

Su proveedor de equipo y cámaras de seguridad pública, Víctor Díaz Palacios, primero trató de sostener a Hidalgo Vigueras y luego, cuando se percató de que la alcaldesa estaba decidida a cambiarlo, le propuso a Isidro González Blanco, ex secretario de Seguridad Pública de Pachuca, Hidalgo, de quien se cuentan macabras historias vinculadas con la protección de bandas del crimen organizado.

Otro personaje recomendado por Díaz Palacios ––y también por el regidor Humberto Vázquez Arroyo y el ex director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán–– es Fernando Fierro Aldana, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Fierro Aldana fue acusado, en su paso por la AFI, de filtrar información privilegiada a los cabecillas del comercio y la producción de piratería en la zona de la CAPU y “La Cuchilla”, para evitar que éstos fueran detenidos o sufrieran decomisos millonarios de mercancía ilegal.

El actual director de Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, es otro de los prospectos para quedarse en el lugar de Hidalgo Vigueras.

Su principal detractor, como es de suponerse, es el propio Hidalgo Vigueras.

Alonso García tiene el apoyo del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y de los regidores priístas Enrique “Kío” Chávez Estudillo y Humberto Vázquez Arroyo.

Un cuarto candidato para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es Ludivino Mora Tejeda, quien ya ocupó esa cartera en la gestión de Enrique Doger Guerrero.

La opción de Ludivino fue llevada al escritorio de la presidenta municipal de Puebla por su secretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el coordinador de los regidores priístas, Jorge René Sánchez Juárez.

En contra de Ludivino juega su cercanía con personajes nos gratos al marinismo, como el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Una quinta alternativa, que también es promovida por el ex secretario de Seguridad Pública Municipal y actual regidor del ayuntamiento Humberto Vázquez, es Wilfrido Robledo Madrid, excomisionado de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Robledo dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto en febrero de 2007, enmedio de acusaciones de abusos policíacos en contra de campesinos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y de nepotismo al emplear a su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares del Estado de México.

Su llegada al gobierno del Edomex tampoco fue tersa, pues estuvo precedida de cuestionamientos por una inhabilitación que le hizo la Secretaría de la Función Pública por la adquisición irregular de helicópteros en la Policía Federal Preventiva, de la cual fue titular en el gobierno de Vicente Fox Quezada.

A lista de candidatos hay que agregar el nombre de Carlos Briones Pérez, ex director de Vialidad Municipal en la gestión de Mario Marín Torres.

Briones es impulsado por el exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto.

Sus posibilidades parecen remotas por la fama que lo precede entre los agentes de tránsito del municipio de Puebla y el estado, quienes lo llaman “El Cocodrilo”, en alusión a las “mordidotas” que suele propinar a sus víctimas.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez, cantante estadounidense.

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Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Carlos Cárdenas, detenido y preso en 1993 por homicidio
Rafael Moreno Valle, lo quieren pero le temen en el PAN

Si bien el gobernador Mario Marín Torres tiene razón en afirmar que las policías municipales son un desorden y que a veces éstas contratan como elementos de seguridad a los primeros que se les paran enfrente, me parece que el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, tampoco es ajeno a esta situación.

Y es que Fernández Soto ha recomendado, al menos en un par de ocasiones, como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a un personaje con antecedentes penales.

Sí, así como lo lee.

Me refiero a Carlos Cárdenas Ramírez.

¿Le suena el nombre?

En efecto, se trata del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, y que en el trienio anterior trabajó en el ayuntamiento de Puebla como inamovible director de la Policía Municipal.

El calificativo de inamovible no es gratuito, pues en la gestión de Enrique Doger Guerrero hubo cuatro titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ––Humberto Vázquez Arroyo, Omar Álvarez Arronte, Ludivino Mora Tejeda y Rolando López Villaseñor–– y ninguno pudo removerlo.

Carlos Cárdenas Ramírez, de acuerdo con la Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Judicial del estado, fue detenido y recluido en el Centro de Readaptación Social de Puebla en 1993 por el delito de homicidio.

Esta situación, que es conocida desde febrero de 2005, fue reportada al entonces presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, para que reconsiderara el nombramiento de aquel, pero éste no sólo ignoró la advertencia, sino que lo mantuvo como director de la Policía durante los tres años de su gobierno.

Cuando éste concluyó y todos creían que por fin saldría de circulación, Carlos Cárdenas encontró cobijo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Con el cambio de autoridades no fueron los pocos los presidentes municipales que se acercaron al secretario técnico del CESP, Alejandro Fernández, para que les recomendara a un secretario de Seguridad Pública.

Uno de ellos fue el cuestionado edil de San Andrés Cholula, el panista David Cuautli Jiménez, y otro el de San Martín Texmelucan, el ex priísta Noé Peñaloza Hernández.

A uno y a otro les recomendó al mismo personaje: Carlos Cárdenas.

David Cuautli lo contrató, con la promesa ––por parte de Alejandro Soto–– de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública apoyaría y bajaría recursos federales adicionales a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula.

Lo anterior es del pleno conocimiento de los regidores y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento sanandreseño. David Cuautli se los ha confesado. La primera vez cuando le recriminaron el nombramiento de un ex funcionario dogerista y, la segunda cuando la regidora de Gobernación, Celia María Rivera Zárate, puso en entredicho el desempeño de Carlos Cárdenas como secretario de Seguridad Pública.

Al presidente de Texmelucan, Noé Peñaloza, también le fue recomendado Carlos Cárdenas.

Tras la destitución a mediados de mayo de su primer director de Seguridad Pública, el zavalista Teodomiro Ortega González, el edil Noé Peñaloza pidió una recomendación a las autoridades estatales para encontrar un sustituto y éstas le mencionaron el nombre del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés.

Carlos Cárdenas hizo acto de presencia en Texmelucan, y aunque no dejó la comuna cholulteca para irse a trabajar con Noé Peñaloza, sí acomodó a no pocos recomendados suyos con el nuevo director de Seguridad Públicas, Diógenes Katt Morales, otra auténtica fichita venida de Tijuana, de quien próximamente se conocerán detalles, y no precisamente favorables.

EN CORTO
Vaya paradoja la que enfrenta el Partido Acción Nacional en Puebla.

Quiere hacerse de la gubernatura del estado en las elecciones locales del 2010, pero la mayoría de sus aspirantes a este cargo de elección popular son poco conocidos, y por lo mismo tienen un bajo nivel de confianza y de intención de voto.

La única excepción es el senador Rafael Moreno Valle Rosas, quien, en sentido estricto, no es miembro activo del PAN, sino adherente.

El prospecto de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, es hoy por hoy ––según las encuestas–– el precandidato a la gubernatura mejor posicionado entre los electores de la entidad, pero también el que más ruido genera entre los grupos y dirigentes locales que en los últimos años han controlado el PAN.

Los propios panistas saben que con él, el camino a Casa Puebla se les allanaría, pero temen que una vez que éste asuma la gubernatura los desplace del partido y del gobierno.

De ahí la declaración de su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, en el informe que los senadores y diputados poblanos del PAN rindieron este sábado en el Complejo Cultural Siglo XXI, en el sentido de que su partido no está dispuesto a hipotecar su pensamiento de siempre a cambio de un triunfo, ni a cambiar su doctrina para satisfacer un capricho personal.

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Otros que también están preocupados por la proyección de Rafael Moreno Valle son los priístas, sobre todo los cercanos al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y más después de la negativa de algunos ediles priístas que se rehusaron a retirar sus pendones, pese a las instrucciones que en ese sentido se les giraron desde el PRI y algunas oficinas públicas.

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Y hasta próxima.

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¿Qué consejeros han comenzado a filtrar información administrativa y financiera del Instituto Electoral del Estado (IEE) con el fin de apresurar la salida del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, ahora que éste ha caído de la gracia de la cúpula gobernante?

¿No acaso algunos de ellos se comprometieron, delante del representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, a cerrar filas en torno a Jorge Sánchez, el pasado 1 de abril en un desayuno efectuado en el Fiesta Americana de La Vista?

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¿A quién en realidad representa el rector de la Universidad de América Latina, Jesús López Chargoy, como comprador del paquete del 5.3% de acciones que tenía Emilio Maurer Espinosa en el Puebla de la Franja?

Y, por cierto, ¿hay algún parentesco de este personaje con Carlos Hugo López Chargoy, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Caren, e influyentísimo contratista de obra en la Universidad Autónoma de Puebla?

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¿Por qué a la reunión de trabajo que hoy sostendrá el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y los integrantes del gabinete de Seguridad Pública, con una comisión de legisladores locales, no fue invitado el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto?

¿No que se trata de una reunión del gabinete de seguridad en pleno con los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil?

¿Por qué Alejandro Fernández tampoco ha sido convocado para la reunión de mañana viernes con los dirigentes de los organismo cúpula de la Iniciativa Privada, para abordar temas relacionados con la seguridad pública?

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¿Qué ex presidente municipal de la entidad podría dejar de ser consejero nacional del PRI y miembro de la Comisión Política Permanente, tras el proceso de renovación que se avecina en estos dos órganos nacionales de dirección partidaria, una vez que el próximo 26 de mayo se publique la convocatoria respectiva?

A propósito, ¿qué político poblano forma parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, que tiene a su cargo la renovación del Consejo Político Nacional?

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Este martes comenzará la cuenta regresiva para Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), una vez que los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado acuerden, por unanimidad, pedir al Instituto Federal Electoral (IFE) copia certificada del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

La solicitud será tan puntual que el IFE no podrá hacerse de lado, el desentendido o argumentar, como ocurrió con una anterior petición que le formuló la Contraloría del estado, que no tiene información o no puede precisar si Juárez Acevedo fue secretario general o miembro del Consejo Directivo de Plataforma Cuatro.

Una vez que la solicitud sea recibida por el IFE, se espera que la respuesta y el expediente certificado de esta agrupación política estén listos por ahí de finales de mayo o principios de junio.

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Algo raro esconden el diputado Gustavo Espinosa Vázquez y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Alejandro Fernández Soto, para evitar que éste último comparezca ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de LVII Legislatura del Congreso del estado.

Y es que la comparecencia no sólo ha sido cambiada de fecha en tres ocasiones, sino que ahora tampoco será comparecencia, sino una simple reunión de cuates, a puerta cerrada, en un salón hotel del Camino Real.

El 29 de abril la Comisión de Seguridad Pública -cuyo presidente es el diputado del PANAL Gustavo Espinosa– citó a comparecer al secretario técnico del CESP para el día 7 de mayo, un día antes de la comparecencia ésta se pospuso para el 8 de mayo y luego para el 13 de mayo, es decir, para hoy martes.

Sin embargo, ayer por la tarde, a las 17:14 horas, Gustavo Espinosa entregó un oficio a los miembros de la comisión legislativa para avisarles que la de Alejandro Fernández no iba a ser comparecencia, sino un desayuno de acercamiento, y que en lugar de efectuarse en el recinto parlamentario se llevaría a cabo un salón del hotel Camino Real.

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Con todo y que las convocatorias del último paquete de unidades académicas de la UAP, donde este año habrá elecciones de director, saldrán por ahí de septiembre, los nombres de quienes se perfilan para ser reelectos por otros cuatro años o para buscar la dirección de su escuela o facultad están más menos definidos.

En la facultad de Lenguas es muy probable que el actual director Santiago Aguilar Márquez continue en el cargo por un segundo periodo. Lo mismo que el director de Ciencias Físico Matemáticas, Cupatitzio Ramírez Romero, quien podría salir nominado como candidato único o de unidad.

Donde sí se espera que haya competencia es en Ingeniería Química, cuya dirección es buscada por tres aspirantes: el ex director Elías Jiménez, la ex secretaria académica Tita Vázquez, y Óscar Arroyo Villareal, quien se perfila como el favorito de la rectoría.

Finalmente, en la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, se prevé que el candidato de unidad sea Rubén Romero Corona.

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Este viernes estuvo en Puebla, invitado por el perredista Horacio Gaspar Lima, el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, quien encabezó una reunión política e informativa en las instalaciones del sindicato de Telmex, a la que acudieron militantes y simpatizantes perredistas, activistas de Andrés Manuel López Obrador, dirigentes de sindicatos “independientes” y representantes estudiantiles de la UAP.

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De las muchas observaciones que aparecen en los reportes de las siete auditorias realizadas por la Contraloría Interna al ejercicio presupuestal del Instituto Electoral del Estado (IEE) durante el 2007, la más recurrente son las compras fraccionadas  en papelería, consumibles, equipo de cómputo e impresiones.

Otra de las empresas —además de Target Eye— beneficiadas con esta irregularidad fue Colorset, a la cual se le hicieron compras fraccionadas por más de cien mil pesos, no obstante los errores cometidos desde su primer contrato: la impresión de las convocatorias para los aspirantes al cargo de consejeros distritales.

La primera remesa de estas convocatorias salió con tantos errores de impresión que, de plano, hubo necesidad de repetirla, pero con cargo a las finanzas del IEE. Y en la segunda remesa, a Colorset se le olvidó escanear la firma del consejero presidente, por lo que éste tuvo que firmar una por una las nuevas convocatorias.

A la empresa que proveyó las lonas también se le hicieron compras fraccionadas por más de 130 mil pesos.

Las compras hechas a ambos proveedores —de los que no existen antecedentes en el IEE— fueron observadas por la Contraloría Interna, cuya entonces titular, Dalhel Lara Gómez, estimó que éstas infringían los artículos 26 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Otra irregularidad que también fue observada en una de las auditorías fue la compra de canastas navideñas a Prissa Vinos y Licores por un monto de 19 mil 869 pesos. Dichas canastas —cuyo destino jamás se informó en un reporte por escrito— se cargaron a la partida 3810 denominada Gastos de Representación.

Lo mismo ocurrió con la compra de libros, 40 arcones, un reproductor de video, un minicomponente, una pantalla plana y demás regalos, por un total de 429 mil 997 pesos, que supuestamente se distribuyeron entre los representantes de los medios de comunicación en una cena de fin de año.

A manera de colofón, habría que apuntar que en agosto de 2007, por instrucciones del consejero Jorge Sánchez Morales, la partida 3810 —que por normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración estaba cancelada— fue dotada de suficiencia presupuestal, y que de los 460 mil 995 pesos que se ejercieron en los últimos cinco meses del año, el 90% fue absorbido por la presidencia del Instituto Electoral del Estado.

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La versión que anoche corrió en el sentido de que el general Mario Ayón Rodríguez presentaría hoy su renuncia como secretario de Seguridad Pública y Vialidad del estado, y que en su lugar sería nombrado Alejandro Fernández Soto, es totalmente falsa.

Tan falsa que hoy, en un acto público de la Policía Metroplolitana, el general Ayón dejará en claro que no tiene la mínima intención de irse, hasta que oficialmente se lo pida quien lo designó en el cargo.

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