Un interesante y pragmático pacto ha comenzado a fraguarse entre el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el ex gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, quien tras renunciar al PAN decidió llevar su capital político al Partido Alianza Ciudadana (PAC) que creó hace 10 años.

El acuerdo cruza por las elecciones federales del próximo 7 de junio, y tendría dos etapas, la primera es los comicios locales de 2016 en Tlaxcala, y el segundo en los comicios presidenciales del 2018.

Aunque los detalles del controvertido pacto aún se desconocen, trascendió que las primeras bases se sentaron el lunes 18 de mayo durante una comida entre el ex gobernador y ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y su anfitrión, el mandatario poblano.

Ahí ambos políticos hablaron de las elecciones federales a celebrarse el 7 de junio, y en particular del distrito 2 de Tlaxcala, donde Moreno Valle apoyaba al presidente municipal con licencia de Tlaltelulco, el panista Miguel Ángel Polvo Rea, y Héctor Ortiz a su sobrina, Alejandra Ramírez Ortiz, quien va como candidata del Partido del Trabajo.

En la comida se analizaron las posibilidades de uno y otra, y la conveniencia de apuntalar a la mejor posicionada en las encuestas, la sobrina de Héctor Ortiz, para impedir el triunfo del candidato del PRI en esa demarcación tlaxcalteca, Anabel Alvarado Varela.

Casualmente este domingo el panista Miguel Ángel Polvo y la petista Alejandra Ramírez ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para denunciar a la candidata del PRI por el excesivo despliegue de recursos propagandísticos en su campaña por el distrito 2 de Tlaxcala, que comprende la zona centro-sur del estado, en las faldas de la Malinche y que forman los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, La Magdalena Tlaltelulco, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Francisco Tetlanohcan, San Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Tlaxcala de Xicohténcatl, y Totolac.

Pero como se lo comenté al inicio de esta entrega, el pacto más allá de las elecciones del primer domingo de junio pasa por el 2016 y el 2018.

Se sabe que el ex gobernador de Tlaxcala condicionó a Moreno Valle su respaldo como candidato presidencial en 2018, a cambio de que él primero lo apoye en los comicios locales del año entrante, en los que seguramente se postulará su hermano, Serafín Ortiz Ortiz, como candidato al gobierno de esa entidad.

Serafín Ortiz, quien ya también fue rector de la UAT y actualmente se desempeña como diputado en el Congreso tlaxcalteca, podría ser el abanderado de una coalición de partidos, en la que participen el PAC, el PT y posiblemente Movimiento Ciudadano (MC).

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Entre la comundiad cristiana y evangélica de Puebla hay desilusión por el curso que ha tomado en Puebla el Partido Encuentro Social (PES) bajo la dirigencia de Raúl Barranco Tenorio, quien en la gestión municipal del alcalde Gabriel Hinojosa Rivera se desempeñó como contralor del ayuntamiento.

La nueva organización partidista —que para mantener su registro nacional requiere obtener el 3% de la votación— se encuentra inmersa en una serie de conflictos por las prerrogativas que le transfiere su dirigencia nacional y el financiamiento público que recibe del Instituto Electoral del Estado (IEE); la postulación de candidatos ajenos a sus impulsores y fundadores, y sin ninguna representativad social; y por la conducta patrimonialista de su presidente estatal respecto a los recursos y bienes del PES.

Los muebles que adquirió Raúl Barranco para acondicionar las oficinas del partido, en la 39 Oriente 320 de la colonia Gabriel Pastor, nadie sabe qué destino tuvieron, y tampoco qué hace el dirigente estatal con los 300 mil pesos que mensualmente recibe, si los candidatos a diputados federales hacen campaña con sus propios recursos.

Otro problema son los pleitos que Raúl Barranco tiene con su secretario general, el regidor de Acatlán y ex militante del Partido del Trabajo, Abraham García Hernández, y su secretaria de Comunicación, Mirna Toxqui Oliver.

Al dirigente estatal del PES también le critican que hace firmar a los empleados del Comité Directivo Estatal recibos por montos superiores a los que en realidad cobran y que eso lo justifica en aras de la necesidad que tiene de comprobar gastos a las autoridades electorales que no le son reconocidos por carecer de factura o soporte fiscal.

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