Antes de que se autorice su cambio de adscripción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el juez octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones, deberían explicar cuáles fueron los criterios en que se basó el togado para dictar una sentencia de 4 años de prisión y una multa de 1.5 millones de pesos al exsecretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por qué el controvertido juez ignoró un par de averiguaciones previas que se iniciaron en contra de Alfredo Arango, con el apoyo de agentes y peritos de la PGJ y auditores de la Contraloría, por los delitos de peculado y daño patrimonial por un monto de casi 8 mil 500 millones de pesos, y que corrían de manera independiente del proceso de enriquecimiento ilícito.

O es que el juez Celestino Martínez nunca conoció de estas actuaciones (me refiero a las averiguaciones 264/2011/ANTIC/DGSP y 265/2011/ANTIC/DGSP), y estas se hicieron perdidizas en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

O es que la justicia poblana y la Contraloría del estado se van hacer (o ya se hicieron) de la vista gorda para castigar los abusos del exfuncionario marinista con compras infladas de medicamentos, equipo médico, de laboratorio y hospitalario, concursos amañados, y sobreprecios en los servicios de mantenimiento y reparación de equipo e instalaciones sanitarias.

Si así fuera estamos ante un grave caso de impunidad.

Y esta forma de corrupción política envuelve a las actuales autoridades, que metieron a la cárcel a Alfredo Arango por no poder justificar el origen de 28 propiedades y ocho cuentas bancarias a nombre de él y otros integrantes de su familia, pero luego de dos años lo dejaron libre, al archivar las averiguaciones por peculado y daño patrimonial derivadas de las auditorías de su cuenta pública del año 2010.

De ahí la importancia de que Celestino Martínez informe sobre las razones que lo llevan a pedir su cambio de adscripción como juez penal y el presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, explique si este cambio tiene como propósito bajarle presión mediática al Juez Octavo de Defensa Social para luego promoverlo como magistrado del Poder Judicial.

El hermetismo de ambos sólo genera más suspicacias.

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El juez Celestino Martínez es oriundo de la Sierra Norte de Puebla y egresado de la Universidad de la Sierra (propiedad de Alberto Jiménez Morales). De hecho fue juez de Xicotepec de Juárez, antes de su promoción como titular del Juzgado Octavo de Defensa Social. Su carrera judicial tiene el padrinazgo del expresidente del TSJ, David López Muñoz y del magistrado Elier Martínez Ayuso, de la Cuarta Sala en Materia Civil, éste último de origen zacatleco como aquél.

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La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó contentos a todos. Bueno, casi a todos.

A los priístas porque echaron abajo el controvertido acuerdo del Consejo General del IEE y el fallo del TEEP sobre el reparto de diputaciones de representación proporcional, y pasar de siete a ocho curules en la próxima legislatura.

A Movimiento Ciudadano que logró recuperar un diputado plurinominal, que en la mesa le habían arrebatado los consejeros y magistrados locales.

Y al gobernador Rafael Moreno Valle que no sabía qué hacer para que el exdirigente de la Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, llegara la LIX Legislatura del Congreso del estado, y para impedir que el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, se quedara fuera del reparto de plurinominales.

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Un nombramiento que había pasado de noche en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, es el de Enrique Castañeda Tenorio como coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas. Su designación se hizo en el mes de diciembre. Nació en el Distrito Federal, hizo la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa, y la maestría en la BUAP con la tesis “Eficiencia legislativa: El papel de las comisiones en la cámara de diputados. LVIII legislatura. 2000-2003”. Relevó en el cargo a Nicéforo Rodríguez Gaytán, quien antes coordinaba la licenciatura y la maestría de Ciencias Políticas, ahora solamente esta última.

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