A diferencia de lo que muchos dábamos por supuesto —que Jorge Fouad Aguilar Chedraui  sería designado coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la próxima Legislatura local—, en Casa Puebla se hacen otro tipo de evaluaciones que podrían favorecer a una mujer que en su apellido lleva uno de los valores más ponderados por el inquilino de la residencia oficial de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Me refiero a la diputada electa Irma Patricia Leal Islas, quien podría convertirse en la líder de la fracción panista y, quizás, en la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura del Congreso del estado.

Las razones de ese repentino cambio de señales se desconocen, pero los enterados aseguran que en el ánimo del primer panista de la entidad los bonos de la excontralora están a la alza por lo que su nombramiento sería un reconocimiento a su lealtad, disciplina y discreción.

Leal Islas aún no es militante del PAN, pero está en proceso de serlo, una vez que ya acudió al Comité Directivo Municipal a realizar su trámite de afiliación y a solicitar su inscripción para el siguiente curso-taller de introducción al partido, que le permitiría ser evaluada por el Registro Nacional de Miembros y la Secretaría de Formación del CEN del PAN, antes de obtener su credencial como militante activa.

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Entre los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado no ha caído nada bien el doble rasero con que se les evalúa, en función de sus nexos políticos y familiares.

No entienden por qué el juez penal de Huejotzingo, José Alejandro Ramírez Cante, fue encarcelado por liberar a dos presuntos homicidas, pese a que el Ministerio Público adscrito no apeló esa resolución, ni la Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó su sentencia.

Y por qué no se procedió de la misma manera con el juez penal de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, tras la liberación de un peligroso homicida con una boleta de libertad apócrifa que supuestamente falsificaron subordinados suyos.

El encarcelado Ramírez Cante es esposo de la juez Tercero de lo Civil, Alicia Ortiz Márquez, y ambos gozaron durante mucho de la protección del magistrado Alfredo Mendoza García, ya retirado.

En cambio el juez de Tepeaca, José Luis Arenas, es hijo de la magistrada en activo del Tribunal Superior de Justicia, María de los Ángeles Juárez Hernández.

¿A poco hay de jueces de primera y de segunda? ¿O jueces con padrino y sin padrino?

Hay que aclarar que el malestar no es sólo de jueces que en el sexenio marinista cobraron notoriedad como Blanca Laura Villeda Martínez, quien fue procuradora de Justicia en esa administración, sino de jueces que vienen incluso de años atrás y que creen que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, quiere sus puestos para meter a gente suya o recomendados del grupo político gobernante.

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Este martes se presentó a las instalaciones de e-consulta.com Aída Ramo Hernández, quien hace unos días fue despedida de la Secretaría de Transportes, tras revelarse los nexos de la directora de Planeación de la dependencia, Mónica Alicia Osorio Alarcón, con la empresa CEO Business Consulting S.C. 

Ramo Hernández aclaró a quien esto escribe que nunca fue asistente de la referida funcionaria, ya que su plaza estaba adscrita a la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de la ST.

Apuntó que es totalmente ajena a cualquier filtración o infidencia vinculada con la directora de Planeación, de la que sólo recibió malos tratos a pesar de no ser su subordinada, por lo que lamentó que el subsecretario Víctor Mata Temoltzin la hubiera despedido sin explicarle siquiera los motivos de su fulminante cese, el pasado 15 de los corrientes.

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