Ante la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación del PAN de fundar y motivar las más de 22 mil incorporaciones al padrón del partido en el estado de Puebla, este jueves el regidor Juan Carlos Espina von Roehrich interpuso un nuevo juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El argumento del ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN es que esas afiliaciones no sólo fueron corporativas, sino violatorias del Estatuto, el Reglamento y el Manual de Procedimientos de Afiliación, en los que se establece que las adhesiones al partido deben ser individuales y voluntarias.

En un anterior Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, presentado por el mismo Juan Carlos Espina el pasado 22 de diciembre, el magistrado Salvador Olimpo Nava resolvió que el recurso era procedente y que la Comisión de Afiliación del PAN debía fundar y motivar los registros de los militantes impugnados.

Dicha resolución consta en el expediente SUP-JDC-2901/2014.

Como se lo había comentado, el regidor Espina von Roehrich cuenta en este juicio con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF– por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

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Por sus fobias partidistas el presidente municipal de Amozoc, el panista José Cruz Sánchez Rojas, negó a la Sedesol y a otras 16 delegaciones federales el uso del zócalo de esta población con la intención de acercar los programas del gobierno federal a los habitantes de esta región de la entidad.

Por lo anterior, la Sedesol tuvo necesidad de alquilar para este sábado un salón social, La Palapa, para llevar a cabo ahí la llamada Asamblea Informativa de las Acciones del Gobierno de la República.

El alcalde de Amozoc no sólo negó el permiso del zócalo y canceló su participación en la jornada, sino que mandó a decir al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, que el tenía otras amistades en otros niveles que podrían llevar más beneficios a la región que las delegaciones federales.

De los 10 alcaldes invitados a la jornada, nueve ya confirmaron su asistencia, entre ellos los dos pertenecientes al PRI, el de Tepeaca y el de Tecali de Herrera.

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Para sostener un conversatorio con los profesores e investigadores en temas educativos este viernes estará en el Colegio de Puebla, Rodolfo Ramírez Raymundo, autor de planes, programas y libros de texto de primaria, así como de cursos dirigidos a directivos de educación secundaria.

El conferencista, quien actualmente es presidente de la asociación Educación y Cambio, ha sido asesor de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), subsecretario de Educación Básica de la SEP, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica y director general de Investigación Educativa de la SEP.

El conversatorio, que es una variante de una conferencia en la que el ponente estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido, es abierto a todo el público y tendrá lugar a las 13 horas en el Aula Magna del Colegio de Puebla, sin ningún costo.

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Este viernes en el marco de la inauguración de la Sala de Juicios Orales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el doctor Mario Patrón Sánchez impartirá la conferencia “El estado actual de los derechos humanos en México”, nombre que lleva su libro de reciente aparición.

Patrón Sánchez es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

En la conferencia, que tendrá a las 11 horas en el Salón B 203, participarán también Liliana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la académica Carmina Parada Aguilar, y el coordinador de la Licenciatura en Derecho, José Antonio Bretón Betanzos.

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Si alguien creía que el capítulo de las afiliaciones masivas en el PAN estaba cerrado o bajo siete llaves, se equivocó.

El asunto se reactivará la próxima semana a través de dos juicios que promoverá el regidor panista Juan Carlos Espina von Roehrich ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación y del Registro Nacional de Miembros de explicar cómo es que más de 22 mil cuidados de la entidad fueron incorporados al padrón del blanquiazul.

Dichos juicios tienen como antecedente una resolución a favor del propio Juan Carlos Espina por la cual la Sala Superior del TEPJF instruyó a la Comisión Nacional de Afiliación del PAN a explicar, con base en la normatividad vigente, la forma en que estos registros cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento de afiliación y en los estatutos del partido.

El promovente de los nuevos juicios será el regidor Espina von Roehrich, quien en esta acción cuenta con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF— por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

Rodrigo Riestra, blanco de reproches campesinos

En su primera prueba de fuego como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a Rodrigo Riestra Piña le fue francamente mal, a pesar de las lisonjas de algunos productores y dirigentes de organizaciones afines al gobierno del estado, invitados a la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.

En el encuentro efectuado el viernes pasado, Riestra –quien ya en dos ocasiones había quedado solamente como encargado de despacho de la SDRSOT– fue vapuleado por las asociaciones campesinas de izquierda, quienes le reprocharon las pocas inversiones y los escasos apoyos del gobierno del estado al sector agropecuario y que éste estuviera solo preocupado por sembrar concreto y levantar obras suntuosas en la capital.

Quien de plano lo desconoció de facto, con acidez y cara a cara, fue el dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Magdaleno Ríos Pérez, quien exigió un diálogo directo con el gobernador Rafael Moreno Valle, ante la incapacidad del hoy secretario para resolver los problemas del campo poblano.

Con sus obras, el gobernador –dijo Magdaleno –«piensa que ya es el héroe, él piensa que ya conquistó México y está muy mal. Llámalo a un Consejo y que venga a dar la cara aquí… Que venga a darse el quemón aquí con la raza«.

El mismo tono utilizaron otras de las organizaciones campesinas con representación en el Congreso Agrario Permanente Poblano (CAPP).

«Póngale más al campo, que se ayude al verdadero campesino», fueron los reproches contra la administración estatal que se ha colgado del presupuesto del gobierno federal en este rubro, pues desde 2013 de cada 10 pesos que se aplican en la entidad, más de 9 vienen de la federación, dijo la diputada Maritza Marín Marcelo.

Al rescate de Riestra y la gestión morenovallista salieron dirigentes como Miguel Ángel Sosa Guzmán, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), quien se desvivió en reconocimientos para el gobierno federal y hasta felicitó, como otros productores y asociaciones oficialistas, a Riestra por su llegada, por fin, a la titularidad de la SDRSOT.

El equilibrio lo puso la presidenta del CAPP y lideresa de la CNC en la entidad, Maritza Marín, quien censuró el poco respaldo del gobierno del estado al sector, sin embargo pidió un voto de confianza para Rodrigo Riestra, quien seguramente será sensible y escuchará los problemas de los campesinos.

Marín Marcelo dijo que no hay correspondencia entre lo que aporta para el campo poblano el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que destina la administración estatal «en un tema tan sensible».

Recordó que en el Ejercicio Fiscal 2013, del total de 531 millones 700 mil pesos que se aplicaron en concurrencia, apenas 74 millones 325 mil pesos los puso el gobierno estatal. El total con el presupuesto de programas directos alcanzó más de mil 500 millones de pesos.

En ese mismo ejercicio se aplicaron en programas directos del erario federal 864 millones 300 mil pesos. La carga del apoyo al campo poblano fue del gobierno del Presidente Peña en más de 95 por ciento; es decir, de cada 10 pesos que se aplicaron al campo del estado de Puebla, más de 9.50 vinieron del gobierno de la República.

Luego en 2014, en concurrencia se aplicaron 614 millones 500 mil pesos, pero solamente una parte muy pequeña, de 95 millones 325 mil pesos, puso el estado.

En total, con los recursos de programas federales directos, en el pasado ejercicio, se aplicaron en Puebla mil 565 millones de pesos. Otra vez, la carga para el gobierno federal fue de más de 90 por ciento. Es decir, del gobierno federal vinieron más de 9 de cada 10 pesos.

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Si uno de cada cuatro afiliados al PRD en el estado de Puebla resultó falso o chocolate cuando el padrón de este partido era de 42 mil militantes, se imagina qué pasará cuando se audite el listado final que este domingo se cerrará.

Aunque todavía no hay cifras oficiales sobre el empadronamiento del PRD en la entidad, reportes preliminares anticipan que el padrón del sol azteca podría llegar  —conservadoramente— a los 80 mil miembros.

Al corte del 31 de mayo, el padrón perredista en Puebla era de 60 mil 52 militantes, sin embargo las afiliaciones masivas en diferentes municipios del estado, instrumentadas por alcaldes del PRD y otros partidos, se multiplicaron en el mes de junio.

Y es que en los primeros días de ese mes en una reunión efectuada en Tochtepec, cuyo alcalde Marcos Pérez Calderón es el coordinador de los presidentes municipales del PRD, el gobernador Rafael Moreno Valle ofreció apoyar con recursos y obra pública a los ediles que más ciudadanos lograran inscribir a las filas del sol azteca. 

Ayer le adelantaba que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) había detectado graves inconsistencias en el padrón del PRD a nivel nacional y estatal, como la existencia de más de 436 mil registros de militantes que también aparecen en otros partidos y la no localización de más de 177 mil afiliados en el Registro Federal de Electores.

De estos últimos  mil 864, que equivalen al 1.05% del padrón nacional, fueron afiliados en el estado de Puebla, los más en los municipios de Acajete, donde este domingo habrá elecciones extraordinarias y el candidato favorito es el perredista Antonio Aguilar Reyes; San Salvador El Seco, donde también gobierna el PRD; Puebla y Domingo Arenas, este último también con alcalde perredista.

Sin embargo esta situación podría cambiar cuando se conozcan los resultados finales del empadronamiento y se hagan públicas las afiliaciones municipio por municipio y distrito por distrito.

Entonces sabremos qué presidentes municipales (y no necesariamente del PRD) cumplieron mejor la tarea que se les encomendó y qué delegados de la Secretaría General de Gobierno, a cargo del neoperredista Luis Maldonado Venegas, operaron mejor los módulos de afiliación que les fueron encomendados.

A ver si no nos encontramos con datos inverosímiles, como que en varios municipios existan más afiliados al PRD que votos registrados por este partido en elecciones locales.

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Para disgusto de los magistrados del Poder Judicial de Puebla, informo que este miércoles Enrique Romero Razo ganó el amparo 1734/2012 que promovió en el Juzgado Séptimo de Distrito, contra su ilegal destitución como juez penal de Teziutlán.

Esta sería la cuarta vez en que Romero Razo logra que la justicia federal le dé razón en contra del pleno del Tribunal Superior de Justicia que lo removió por consigna. ¡Todo un récord Guinness!

Habrá que esperar si el Poder Judicial de Puebla en vez de restituirlo como juez, no opta por inconformarse por ¡quinta ocasión! haciendo un gran ridículo por su subordinación al Ejecutivo del estado que ordenó la destitución de Romero Razo por supuestamente favorecer  al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil contra Francisco Bernat Cid, cuando aquél era titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla.

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