Un oneroso pendiente que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) dejarán seguramente a su salida, prevista para agosto o septiembre del año en curso, serán las demandas laborales que por despido injustificado han promovido decenas de empleados del organismo.

Demandas que seguramente se incrementarán en los próximos días cuando otros 30 o 40 empleados del Instituto sean despedidos por recortes presupuestales que, desgraciadamente, se aplican en forma selectiva en perjuicio de quienes carecen de padrino o madrina política.

El tema no es desconocido para el consejero José Luis Martínez López, presidente de la Comisión Permanente del Servicio Electoral Profesional (SEP), quien poco o nada ha hecho para evitar los despidos injustificados o para impedir que el personal inscrito en esta asignatura —y que suele ser el mayor experiencia— sea echado a la calle.

Entre los empleados del organismo el malestar es creciente, pues por un lado se habla de austeridad y de la urgente necesidad de realizar recortes presupuestales, pero por otro se suben sueldos, se otorgan ascensos y se hacen contrataciones que dan pie al sospechosismo.

Nadie se explica, por ejemplo, por qué fue contratado como jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos del SEP, Ángel López Santamaría, de 75 años de edad, si su expertis en materia electoral es casi nulo; por qué si son tan pocos los empleados con carrera electoral acreditada se contrata a un directora para encabezar esta unidad; o por qué se hacen promociones y se otorgan ascensos a favor de empleados consentidos del director administrativo del Instituto, Ricardo Aguilar Ramírez, como Viridiana Daniela Cerezo Morales.

Lo que los empleados carentes de padrino o madrina política sí saben es que Ángel López Santamaría no será despedido por ser padre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

Lo que también saben es que la recién nombrada titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional, Noemy Itzetl Tapia Trujillo es esposa del vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán.

Y que Viridiana Cerezo Morales fue promovida en enero de este año de analista II-1 a analista 1-A por ser la consentida de su jefe, Ricardo Aguilar, y que éste pretendió disfrazar el ascenso de aquella con otras siete promociones donde los aumentos salariales son casi simbólicos en comparación con el otorgado a Viridiana.

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¿Martín Fuentes a la PGR?

Si en los próximos días se anuncia que el abogado poblano Martín Fuentes es nombrado en algún puesto de la Procuraduría General de la República (PGR) por la nueva procuradora Arely Gómez González es importante que sepa lo siguiente.

Primero que no se trata de Martín Fuentes Morales, el que fue procurador del Ciudadano en el gobierno de Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres, sino de Martín Emiliano Fuentes Holland, que es hijo de aquel y ha trabajo como asesor en temas de transparencia y combate la corrupción con la ex senadora Arely Gómez.

Martín Emiliano es un joven abogado de 23 años, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que desde hace dos años forma parte del equipo de trabajo de la hoy titular de la PGR.

En cambio su papá, Martín Fuentes Morales, despacha actualmente en la Delegación federal de la Sedesol como secretario técnico social, cuya función consiste en vigilar que los programas sociales de la dependencia lleguen a los verdaderos beneficiados de estos.

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