Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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Hasta julio, Blanca Alcalá pagaba a 34 “asesores”
Roberto Domínguez, ¿al arzobispado de Puebla?

Si mucho se criticó en la gestión de Enrique Doger Guerrero la abultada nómina del ayuntamiento de Puebla, sobre todo de algunas áreas, en los casi ocho meses que van de la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el personal, los sueldos y salarios de la burocracia municipal siguen creciendo.

En la primera quincena de febrero, la oficina de la presidencia municipal tenía 42 empleados y el gasto en nómina de éstos ascendía a 323 mil pesos mensuales, pero en la primera quincena de julio el número creció a 58 empleados y el gasto se disparó a 708 mil pesos.

Lo mismo pasó con la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que pasó de 20 a 37 empleados, y de 323 mil pesos a 625 mil pesos mensuales, y la oficina de Políticas Públicas e Innovación Gubernamental que de 7 empleados creció a 65, y su nómina aumentó de 154 mil pesos a 826 mil pesos mensuales.

De la primera quincena de febrero a la primera quincena de julio la nómina del Cabildo se incrementó en 75 mil pesos mensuales, la de Sindicatura en 173 mil pesos, la de Gobernación Municipal en 210 mil, la de Desarrollo Social en 246 mil, la de Gestión Urbana y Obra Pública en 429 mil, la de Desarrollo Económico en 224 mil, y la de Administración en 526 mil.

En ese mismo periodo, las únicas dependencias donde el personal no creció, sino que disminuyó, lo mismo que el costo de su nómina fueron la Secretaría del ayuntamiento, la Tesorería, la Contraloría, la Coordinación de Comunicación Social, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La plantilla de personal de la Secretaría del ayuntamiento se redujo de 212 a 205 empleados, y la nómina mensual en 75 mil pesos; en Tesorería hubo 47 plazas menos y una disminución de 66 mil pesos; en Contraloría 12 plazas menos y un ahorro de 41 mil pesos, y en Comunicación Social 6 plazas menos y un desembolso menor en nómina de 27 mil pesos mensuales.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el personal en nómina también disminuyó de febrero a julio, al pasar de 1,153 a 1,121 plazas, con un ahorro de casi 50 mil pesos mensuales.

A pesar de estas reducciones, la nómina del gobierno municipal de Blanca Alcalá hoy es mayor con respecto al mes de febrero en que asumió el cargo.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento al reportero Erick Almanza, con base en la solicitud de información registrada bajo el folio 67108, en febrero había 1,684 empleados de base, 597 pensionados y 2,174 empleados de honorarios, mientras que en agosto existían 1,593 trabajadores con base, 618 pensionados y 2,594 contratados bajo el régimen de honorarios.

En febrero, el costo mensual de la nómina ascendía a 33 millones 241 mil pesos, en julio de disparó a 40 millones 316 mil pesos y en agosto a 39 millones 534 mil pesos.

Pero si el incremento en la nómina es criticable, más lo es la lista de 34 asesores adscritos a la Presidencia Municipal, con sueldos que van de los 20 mil a los 35 mil pesos mensuales.

Hasta el mes de julio, en la lista se asesores de la presidenta municipal de Puebla figuraban Luz María Aguirre Barbosa, José Octavio Castilla Kuri y María Antonia Martínez Silva, con 35 mil pesos mensuales cada uno;

Óscar René Carrillo Solís, Héctor Javier Cesín Rojas, María González Hernández, Joaquín Maldonado Ibargüen y José A. Martínez Hernández, con 30 mil pesos cada uno;

Miguel Ángel Ponce Morales y José Raúl Castillo y Ramírez, con 27 mil 416 pesos y 27 mil pesos mensuales, respectivamente;

Eduardo Alcántara Montiel, Sergio Arroyo Granados, Jerónimo Ramón Balderas Ruiz, Demetrio Canseco Enríquez, Felipe de Jesús Flores Núñez, Carlos Gallardo Arroyo, Juvenal González González, José Gutiérrez y Herrera, Ricardo Mejía López, Israel Ramírez Minor, José Javier Ramírez Ponce, Rodolfo Reyes Coria, Francisco Valencia Ponce y Margarita Vázquez Rico, con 25 mil pesos mensuales cada uno;

También Mariana Navarrete Little, con 24 mil pesos; y Arturo Bertado Flores, Libya Carrillo Romero, Marcela Domínguez Cuanalo, P. González Rubio Martínez, Ramón López Rubí, Rafael Morales Juárez, Yolanda Robles de la Torre y Miguel Rodríguez Valtierra, con 20 mil pesos mensuales cada uno.

EN CORTO
Un obispo poblano que a la fecha no ha sido mencionado como posible sucesor de Rosendo Huesca Pacheco al frente de la Arquidiócesis de Puebla, pero que podría dar la sorpresa es Óscar Roberto Domínguez Couttolenc.

El actual obispo de Tlapa de Commonfort, Guerrero, tiene 52 años y ha sido misionero de la Iglesia Católica en países de África.

Roberto Domínguez ingresó al Seminario del Instituto de María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras en 1972, y 11 años más tarde se ordenó como sacerdote.

Antes de que el Papa Benedicto XVI lo nombrara obispo de Tlapa, en marzo de 2007, Roberto Domínguez estuvo como vicario en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey; como misionero en Ngong, Kenia, y como director administrativo de la Universidad Intercontinental de México y Vicario General de la Congregación Misioneros de Guadalupe.

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El viernes por la tarde, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López designó a Rodolfo Carrillo Luna como coordinador de Servicios de Salud, en sustitución de Ricardo Villa Issa.

Rodolfo Carrillo es cirujano militar y se ha desempeñado como director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y como miembro de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

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Entre los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de San Pedro Cholula no han caído nada bien las intenciones del ex munícipe Juan Pablo Jiménez Concha de hacerse de la nominación del PRI a la diputación federal por el distrito 10, y menos cuando parte de su estrategia de posicionamiento está basada en criticar la gestión del actual presidente municipal, Francisco Covarrubias Pérez.

El malestar de los actuales funcionarios cholultecas radica en que buena parte de los reclamos que hoy enfrentan tienen su origen en problemas y rezagos acumulados en la anterior administración municipal, que no sólo redujo a la mitad las participaciones a las 13 juntas auxiliares, sino que incumplió con una serie de obras que Jiménez Concha prometió realizar durante su trienio.

A esta situación hay que agregar el hecho de que funcionarios que vienen de la pasada administración, como el director de Gobernación, Fernando Ortiz Aldana y la directora de Cultura, Guadalupe Galindo Vega, lejos de sumarse e integrarse al equipo de Francisco Covarrubias se la pasan jugando al solitario en su oficina, o promoviendo a Jiménez Concha como aspirante a la diputación federal.

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Ayer, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quiso aprovechar el Día de la Raza para reunir a 2 mil campesinos en las instalaciones de la SDS en la colonia Humboldt, pero sólo llegaron 500.

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La apertura de un bar en Xicotepec de Juárez, a unos cuantos metros del templo de San Juan Bautista podría generarle a la Secretaría de Gobernación del estado y a su titular Mario Montero Serrano un pleito innecesario con la Iglesia Católica, por culpa uno de sus subordinados.

Y es que el bar es propiedad ni más ni menos que de Alán Santos Valderrábano y su hermano Iván, este último delegado de Gobernación en Xicotepec.

El bar “El Gallo”, que no es nuevo, se localizaba a tres cuadras de donde hoy pretende ser reubicado, en la avenida principal, a 60 metros de la iglesia de San Bautista y en las inmediaciones de varios centros escolares.

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