Ahora que ya sabemos que el Congreso de Puebla no sólo aprobó las reformas constitucionales que regulan la deuda de estados y municipios, sino que fue el primero en hacerlo, bien valdría que el Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo explicarán cuándo por fin van a aparecer en la Cuenta Pública o en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) contratados por la administración morenovallista.

Y de paso que informaran a cuánto ascienden y en cuántos años se liquidarán estas obligaciones contratadas por el gobierno del estado con acreedores particulares, ante las versiones —cada vez más crecientes y documentadas— en el sentido de que su monto casi duplica la deuda directa y contingente heredada por el gobernador Mario Marín Torres.

De lo contrario estamos ante un doble discurso de la autoridad estatal frente a esta Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios que obliga al gobierno de Puebla a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; a crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como a difundir las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales obligaciones.

Pero que también le prohíbe, entre otros aspectos, la contratación de deuda o empréstitos con cargo a participaciones federales de futuros ejercicios o a solventar tales compromisos con recursos del gasto corriente, tal ocurre en la actualidad con algunos PPS contratados por la administración morenovallista.

¿O qué sentido tiene que el Congreso de Puebla apruebe esta Reforma Constitucional, y hasta sea el primero en hacerlo, si no adecua o incorpora esas nuevas disposiciones a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla?

¿Por qué si la LVIII Legislatura del Congreso local autorizó a los ayuntamientos a contratar deuda y/o empréstitos hasta por 3 mil millones de pesos o hasta por el equivalente a un 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con el compromiso de cubrirlos antes del término de su gestión en 2018, los PPS contratados por varios ayuntamientos de la entidad rebasan ese porcentaje y se extienden a futuras administraciones municipales?

Según el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los PPS contratados por los municipios de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez, a la empresa Infraenergía SA de CV, para el suministro y cambio de luminarias del alumbrado público, no sólo afectan el 30% de sus participaciones federales, sino que se extienden a 10 años o 120 meses.

Para acabar con especulaciones, el gobierno del estado o la Secretaría de Finanzas deben de una vez aclarar cuántos Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) se han contratado en lo que va de la administración morenovallista, por qué monto, a qué empresas o acreedores privados, en qué tiempo se liquidarán, y cuáles son las partidas presupuestales que están siendo afectadas para cumplir con estas obligaciones.

¿Por qué estos contratos para la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, no aparecen inscritos o publicados en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla?

¿Si es verdad que algunos de estos proyectos no se inscriben pero se vienen pagando con gasto corriente?

¿Si el monto total de los PPS arriba citados rebasa ya los 15 mil millones de pesos, es decir casi el doble de la deuda directa y contingente reconocida por el gobierno de Mario Marín al 31 de diciembre de 2010, por 8 mil 400 millones de pesos?

Para consultar el archivo haga clic aquí.

¿Si con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, las obligaciones derivadas de los PPS terminarán sumándose a la deuda directa, avalada y sin aval que hoy tiene el gobierno del estado por más de 10 mil 700 millones de pesos?

¿Y si al concluir el sexenio la deuda directa, avalada y sin aval del gobierno del estado y sus organismos estatales, los ayuntamientos y los sistemas operadores de agua rondará los 25 mil millones de pesos?

Son preguntas, que conste.

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¿Qué se imagina que haría la administración de Rafael Moreno Valle si de momento descubriera a un concesionario de un bien público que opera de manera irregular en la entidad que gobierna?

Pero si además se enterara que el referido concesionario no tiene un permiso o concesión vencida, sino siete de las ocho que posee en diferentes regiones de la entidad.

Si de estas siete concesiones, seis tuvieran no unos días o meses de haberse vencido, sino casi cinco años y una más, la matriz, casi dos años.

Si le informaran que las concesiones autorizadas para las regiones de Acatlán, Tehuacán, Libres, Teziutlán, Zacatlán y Huauchinango se otorgaron con una vigencia de siete años, que concluyó el 28 de noviembre de 2009.

Y la concesión matriz, también vencida, dejó de tener vigencia desde el 13 de noviembre de 2012.

Si una autoridad, como la SCT o el Ifetel le dijera que sólo su concesión de Izúcar de Matamoros, que se renovó en marzo de 2014, es la única regular de las ocho que le han entregado al gobierno del estado.

Que no hay mucha diferencia entre las siete estaciones radiofónicas de Puebla FM (antes Sicom) y las siete clausuradas por el Ifetel en mayo pasado por operar sin título de concesión o permiso vigente.

Y que quizás la diferencia más notable entre las suyas y las otras que fueron clausuradas por la Policía Federal es que las de Puebla FM operan en edificios públicos y las otras, las pirata, funcionaban en domicilios particulares: dos en Atlixco, una en Nopalucan de la Granja y otras más en la comunidad de San Pedro Benito Juárez, a las faldas del volcán Popocatépetl.

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* Un convergente organiza la toma de posesión de Moreno Valle

* Ramón Berganza, ¿futuro Jefe de la Oficina de la Gubernatura?

* Alcalá aun en la puja por la Secretaría General del CEN priísta

Un personaje que sigue ganando terreno en la composición del próximo gabinete de Rafael Moreno Valle Rosas es el senador y exdirigente nacional de Convergencia Luis Maldonado Venegas.

Y es que tras la intempestiva salida del panista tehuacanero José Manuel Bulás Montoro del equipo del gobernador electo, las tareas que éste tenía encomendadas —la organización y los preparativos de la toma de posesión de Moreno Valle en las instalaciones del nuevo Centro Expositor—se le transfirieron al exsecretario particular de aquél.

Sí, me refiero a José Ramón Berganza Escorza.

¿Pero quién este personaje?

José Ramón Berganza es miembro del Partido Convergencia, con fuerte presencia en Hidalgo, estado por el cual es diputado y en el que ha participado en varias campañas, entre ellas como candidato a la presidencia municipal de Tulancingo, su tierra natal.

Es hermano del senador y dirigente estatal de Convergencia en Hidalgo, Francisco Xavier Berganza, quien en la década de los ochenta cobró notoriedad como cantante romántico juvenil y por hacerse novio de Lucerito.

José Ramón Berganza llegó a Puebla del brazo del senador Luis Maldonado y hace unos días el gobernador electo le encargó asumir las funciones que venía desempeñando al interior de su equipo el panista José Manuel Bulás.

Bulás estaba considerado —dada su experiencia como secretario particular de Alberto Cárdenas Jiménez en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y como asesor de la Presidencia de la República en temas de gobierno, desarrollo económico y asuntos internacionales— como jefe de la Oficina de la Gubernatura.

Sin embargo hace unos días prácticamente se despidió de esa Oficina, luego de que Moreno Valle reunió a su equipo de colaboradores en el Centro de Expositor para revisar cómo iban los preparativos de su toma de posesión y se encontró con muy pocos, por no decir nulos avances.

Bulás no tenía para esa reunión listas de invitados, ni confirmaciones, ni detalles de la logística del evento o de la recepción y traslado de sus invitados especiales del aeropuerto Hermanos Serdán al recinto de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, ni consideradas medidas de seguridad para blindar por dentro y por fuera el Centro Expositor.

Esta situación llevó al gobernador electo a relevar de sus funciones a José Manuel Bulás, y a encargar la organización y los preparativos de su toma de posesión al secretario particular de Luis Maldonado, el convergente José Ramón Berganza, quien de salir avante en esta encomienda podría perfilarse como el futuro Jefe de la Oficina de la Gubernatura.

INTRAMUROS

Limpiar a fondo la Secretaría de Salud será, sin duda, una de las prioridades del nuevo gobierno de Rafael Moreno Valle. No hacerlo significaría un riesgo para la estabilidad de la dependencia y un pésimo mensaje al bono democrático expresado por la sociedad como opción de cambio.

El reto para el nuevo gobierno y el futuro secretario de Salud Jorge Aguilar Chedraui será desmantelar la estructura priísta-marinista pertrechada en el organigrama tanto de las oficinas centrales como de las jurisdicciones sanitarias, eliminar la red de corrupción de los proveedores y desactivar el riesgo que representa la Sección XXV del Sindicato, acostumbrado a «presionar» mediante el paro laboral.

De hecho, la actual estructura directiva en la Secretaría hoy no podría entenderse sin la relación de complicidad que mantiene con la representación sindical saliente encabezada por Malco Ramírez Martínez, que en 2009 mostró su real alcance al forzar la salida del entonces titular de la dependencia Antonio Marín y López, para encumbrar en esa posición a José Alfredo Arango García, uno de los personajes más oscuros de la administración estatal saliente.

El equipo de Moreno Valle no puede ignorar que directores, jefes de departamento, coordinadores, jefes jurisdiccionales y sindicalizados movilizaron el 16 de febrero de 2009 al personal operativo (médicos, enfermeras, veterinarios, administrativos) para exigir al gobierno de Mario Marín Torres la renuncia de Antonio Marín, la cual se dio el 16 de julio del mismo año, una vez que el PRI se alzó con la victoria en los 16 distritos federales de la entidad.

No puede ignorar que la manifestación estuvo impulsada por la mayoría de los diez jefes jurisdiccionales, entre ellos Gerónimo Lara Gálvez, Alberto Gómez Orta, Oscar Antonio de la O y Lisseth Violeta Aguilar, y que estos mismos actuaron como operadores de Javier López Zavala en las regiones de Tepexi de Rodríguez, El Seco, Acatlán e Izúcar de Matamoros.

Malco Ramírez, quien dejará en manos de su sucesor Julio Alfredo García el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, obtuvo la suplencia en la diputación por Zacatlán (en fórmula con el titular Juan Carlos Lastiri Quirós) como premio por prestarse a la maniobra que concluyó con la caída del doctor Antonio Marín. Por si quedara alguna duda, hoy ocupa el cargo de secretario adjunto a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI.

El paro del 16 de febrero de 2009 demostró la confrontación que la administración marinista emprendió ante el gobierno federal ya que el nombramiento de Antonio Marín López se originó en una decisión de autoridad para poner orden ante la abierta pugna que se desencadenó entre Roberto Morales Flores, hermano del ex gobernador Melquiades, y los grupos marinistas-zavalistas por tomar el control absoluto de la Secretaría de Salud y sus recursos de cara a la elección federal de ese año.

El entonces secretario de Salud declaró el 24 de febrero al periódico Milenio on line, que el paro no era contra él sino «contra la institución».

Para muestras, hay que citar el caso del director del Hospital Integral de Acatzingo, Cristóbal Arellano Grajales, quien personalmente convocó al personal bajo su responsabilidad a respaldar el movimiento. Luego, micrófono en mano, fue de los primeros en demandar a gritos la salida del entonces secretario de salud a quien tildó de incompetente.

Cómo sostener a hombres como éste en puestos de responsabilidad que, además de traicionar la confianza institucional, se beneficia del nepotismo imperante en la jurisdicción sanitaria de Tepexi de Rodríguez, donde sus hijos, Antonio y Cristóbal, cobran en la nómina como dentista y médico, respectivamente.

EN CORTO

Aun cuando la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, sigue en la puja por la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como compañera de fórmula de Humberto Moreira Valdés, lo más seguro es que su incursión en la dirigencia nacional priísta se dé en otra posición o secretaría.

Ante esa eventualidad, la propia alcaldesa tiene previsto dos escenarios: uno, por si se le hace la Secretaría General, y otro por si se le ceba esa posibilidad.

Si Blanca Alcalá finalmente logra ir como compañera de fórmula del todavía gobernador coahuilense Humberto Moreira, ésta se despedirá de la presidencia municipal de Puebla el lunes 10 de enero con un acto público en el Centro de Convenciones, donde hará un resumen de los tres años de su gestión.

Pero si no consiguiera su propósito inicial, la Secretaría General, entonces se esperará hasta el domingo 6 de febrero para rendir su tercer y último informe de gobierno en el mismo Centro de Convenciones.

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Quien sí dejará el ayuntamiento de Puebla a mediados de enero, para incorporarse de tiempo completo al equipo de Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno de la próxima administración estatal, es el coordinador de Comunicación Social de Blanca Alcalá, Emilio Trinidad Zalvídar.

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Simón dice:

«La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar.»

Mario Vargas Llosa (1936-?) Escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010