Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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Al presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, la crisis parece hacerle los mandados, y el Órgano Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado también.

A un año de su gestión, el munícipe priísta ha estrenado dos camionetas último modelo: una Ford Lobo de lujo, que adquirió con recursos del ayuntamiento en febrero de 2008 y que ahora es propiedad del constructor Alberto Alvarado, y otra camioneta de la misma marca y tipo, pero modelo 2009.

Además ha incorporado a su parentela a la nómina municipal, comenzando por su sobrino político, Jorge Hernández Tepanhuey ––que de wey no tiene nada––, a quien nombró contralor del ayuntamiento.

Lejos de combatir la corrupción, Hernández Tepanhuey es su principal promotor, pues con el consentimiento de su tío se encarga de cobrar el “diezmo” a los proveedores, constructores y materialistas que prestan o venden sus productos y servicios a la presidencia municipal, así como de cambiar por efectivo los vales de gasolina y diesel adquiridos por el ayuntamiento de Zacapoaxtla, dizque para el parque vehicular de la comuna.

Hay que decir que la fama de pillo del contralor municipal no es reciente: lo acompaña desde que fue despedido, por malos manejos administrativos, de las oficinas regionales de la Secretaría de Salud, dependencia contra la que promovió un juicio por despido injustificado, por el cual logró su reinstalación.

Las arbitrariedades de Justino y familia han llegado a tal extremo que hasta los priístas zacapoaxtecos han integrado un frente para defenderse de los abusos y excesos de su presidente municipal.

Y el Frente Priísta Zacapoaxteco ha sido tan bien recibido que, a escasos cuatro meses de su creación, ya tiene presencia y representantes en 10 de las 28 comunidades del municipio.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a distanciarse ya no sólo de sus pares (los consejeros electorales), sino de los representantes partidistas acreditados ante al máximo órgano electoral del estado.

Su distanciamiento es consecuencia de la crisis económica, la estrechez presupuestal y la retención de algunas partidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

En concreto: la mayoría de los representantes de los partidos políticos están inconformes porque a estas alturas del año no han recibido los 15 mil pesos de dieta o compensación que venían cobrando mensualmente y porque, además, ya les avisaron que esta prebenda podría cancelarse debido a los ajustes presupuestales del Instituto Electoral del Estado.

Anoche, al cierre de este blog, recibì un correo con información interesante sobre futuros cambios y enroques en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz. Le recomiendo revisarlo en la sección de comentarios.

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Simón dice:

“El dinero es como el estiércol: no es bueno, a no ser que se esparza”
Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico.

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