Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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Ocurrió el jueves 30 de octubre en el restaurante de moda de los políticos, El Burladero, por la temporada del mole de caderas y espinazos.

Al lugar llegaron los periodistas del Grupo 2 de Julio —Enrique Montero Ponce, Javier López Díaz, Carlos Martín Huerta Macías y Felipe Flores Nuñez— y el gobernador Mario Marín Torres acompañado de su director y su subdirector de Comunicación Social, Javier Sánchez Galicia e Ismael Ríos.

Después de una larga, pero larga sobremesa, Marín hizo ahí una confesión electoral a sus invitados de cara al 2011: que los gobernadores priístas estaban conformando un bloque y que este inclinaría la balanza de la sucesión presidencial.

Sí, así como lo lee, y que este bloque no apoyaría al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y tampoco al presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sino a la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

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Ayer fue despedido de la dirección editorial de El Universal, Raymundo Rivapalacio.

En su lugar fue nombrado el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien se desempeñaba como director del semanario Día Siete, suplemento dominical de la misma casa editorial.

Jorge Zepeda fue subdirector de El Universal cuando la dirección editorial del rotativo, decano de la prensa nacional, estuvo en manos de Roberto Rock.

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Los dirigentes seccionales del SNTE siempre han criticado a los disidentes de tener en su movimiento a personas que no son profesores o que vienen de otros estados.

Pero ellos incurren en el mismo error que critican, al contar también con cachirules.

Una prueba es el oficio enviado el 27 de octubre por el secretario de Organización de la Sección 51, Gumercindo Herrera Rivera, al director de la Universidad Pedagógica Nacional campus Puebla, José Pedro Valdez.

En dicho oficio, el dirigente seccional informa que Isaí Bastían Martínez no fue a clases del 15 al 22 de octubre por encontrarse en resguardo de las instalaciones de la Sección 51 del SNTE.

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Carlos Cárdenas, detenido y preso en 1993 por homicidio
Rafael Moreno Valle, lo quieren pero le temen en el PAN

Si bien el gobernador Mario Marín Torres tiene razón en afirmar que las policías municipales son un desorden y que a veces éstas contratan como elementos de seguridad a los primeros que se les paran enfrente, me parece que el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, tampoco es ajeno a esta situación.

Y es que Fernández Soto ha recomendado, al menos en un par de ocasiones, como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a un personaje con antecedentes penales.

Sí, así como lo lee.

Me refiero a Carlos Cárdenas Ramírez.

¿Le suena el nombre?

En efecto, se trata del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, y que en el trienio anterior trabajó en el ayuntamiento de Puebla como inamovible director de la Policía Municipal.

El calificativo de inamovible no es gratuito, pues en la gestión de Enrique Doger Guerrero hubo cuatro titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ––Humberto Vázquez Arroyo, Omar Álvarez Arronte, Ludivino Mora Tejeda y Rolando López Villaseñor–– y ninguno pudo removerlo.

Carlos Cárdenas Ramírez, de acuerdo con la Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Judicial del estado, fue detenido y recluido en el Centro de Readaptación Social de Puebla en 1993 por el delito de homicidio.

Esta situación, que es conocida desde febrero de 2005, fue reportada al entonces presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, para que reconsiderara el nombramiento de aquel, pero éste no sólo ignoró la advertencia, sino que lo mantuvo como director de la Policía durante los tres años de su gobierno.

Cuando éste concluyó y todos creían que por fin saldría de circulación, Carlos Cárdenas encontró cobijo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Con el cambio de autoridades no fueron los pocos los presidentes municipales que se acercaron al secretario técnico del CESP, Alejandro Fernández, para que les recomendara a un secretario de Seguridad Pública.

Uno de ellos fue el cuestionado edil de San Andrés Cholula, el panista David Cuautli Jiménez, y otro el de San Martín Texmelucan, el ex priísta Noé Peñaloza Hernández.

A uno y a otro les recomendó al mismo personaje: Carlos Cárdenas.

David Cuautli lo contrató, con la promesa ––por parte de Alejandro Soto–– de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública apoyaría y bajaría recursos federales adicionales a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula.

Lo anterior es del pleno conocimiento de los regidores y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento sanandreseño. David Cuautli se los ha confesado. La primera vez cuando le recriminaron el nombramiento de un ex funcionario dogerista y, la segunda cuando la regidora de Gobernación, Celia María Rivera Zárate, puso en entredicho el desempeño de Carlos Cárdenas como secretario de Seguridad Pública.

Al presidente de Texmelucan, Noé Peñaloza, también le fue recomendado Carlos Cárdenas.

Tras la destitución a mediados de mayo de su primer director de Seguridad Pública, el zavalista Teodomiro Ortega González, el edil Noé Peñaloza pidió una recomendación a las autoridades estatales para encontrar un sustituto y éstas le mencionaron el nombre del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés.

Carlos Cárdenas hizo acto de presencia en Texmelucan, y aunque no dejó la comuna cholulteca para irse a trabajar con Noé Peñaloza, sí acomodó a no pocos recomendados suyos con el nuevo director de Seguridad Públicas, Diógenes Katt Morales, otra auténtica fichita venida de Tijuana, de quien próximamente se conocerán detalles, y no precisamente favorables.

EN CORTO
Vaya paradoja la que enfrenta el Partido Acción Nacional en Puebla.

Quiere hacerse de la gubernatura del estado en las elecciones locales del 2010, pero la mayoría de sus aspirantes a este cargo de elección popular son poco conocidos, y por lo mismo tienen un bajo nivel de confianza y de intención de voto.

La única excepción es el senador Rafael Moreno Valle Rosas, quien, en sentido estricto, no es miembro activo del PAN, sino adherente.

El prospecto de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, es hoy por hoy ––según las encuestas–– el precandidato a la gubernatura mejor posicionado entre los electores de la entidad, pero también el que más ruido genera entre los grupos y dirigentes locales que en los últimos años han controlado el PAN.

Los propios panistas saben que con él, el camino a Casa Puebla se les allanaría, pero temen que una vez que éste asuma la gubernatura los desplace del partido y del gobierno.

De ahí la declaración de su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, en el informe que los senadores y diputados poblanos del PAN rindieron este sábado en el Complejo Cultural Siglo XXI, en el sentido de que su partido no está dispuesto a hipotecar su pensamiento de siempre a cambio de un triunfo, ni a cambiar su doctrina para satisfacer un capricho personal.

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Otros que también están preocupados por la proyección de Rafael Moreno Valle son los priístas, sobre todo los cercanos al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y más después de la negativa de algunos ediles priístas que se rehusaron a retirar sus pendones, pese a las instrucciones que en ese sentido se les giraron desde el PRI y algunas oficinas públicas.

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Y hasta próxima.

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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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