Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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Édgar Enrique Bayardo del Villar no sólo fue un personaje que mantuvo estrecho contacto con los jefes policíacos de Puebla, como el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor, el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto; el ex director de la judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, y los ex secretarios de Seguridad Pública del municipio Puebla, Humberto Vázquez Arroyo y Omar Álvarez Arronte ––aunque muchos de ellos ahora lo nieguen––, sino también un policía que se movía a los más altos niveles.

Édgar Bayardo, por ejemplo, era uno de los asiduos asistentes a las comidas que cada 17 de enero se organizan por el cumpleaños del arzobispo de la iglesia ortodoxa antioqueña, Antonio Chedraoui Tannous, acontecimiento que suele reunir a secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, dueños de medios de comunicación, jerarcas católicos y a los más encumbrados políticos y hombres de negocios de México.

Este año no fue la excepción. El hoy cómplice de los hermanos Zambada García ––Isamel “El Mayo” y Jesús “El Rey Zambada”–– estuvo en la comida por los 76 años de don Antonio Chedraoui, compartiendo el pan y sal con algunos poblanos como el diputado federal Jorge Estefan Chidiac; el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Otros poblanos que este año también asistieron a la comida del arzobispo Antonio Chedraoui fueron el secretario particular del gobernador Marín, Guillermo Deloya Cobián; el ex consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz; el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor; el ex director de la Judicial y ex delegado de la PGR en Tlaxcala, Adolfo Karam, y los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Pepe Chedraui.

Hay que decir que muchos de ellos ni siquiera conocían a Édgar Bayardo, por lo que quizás hasta les pasó desapercibido, y más cuando nadie entonces sospechaba de sus vínculos con el Cártel del Pacífico.

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Otro personaje que hoy tampoco quiere saber nada de Édgar Bayardo, pero que en su momento trató de impulsar como subprocurador de Justicia del estado fue el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.

Esta versión, que el propio Bayardo confió a algunos amigos suyos, en un antro de Plaza Loreto, puede ser confirmada por personajes como Carlos Talavera Pérez, presente en esa reunión.

La intención de López Zavala era que impulsar a Adolfo Karam como procurador de Justicia, en sustitución de Blanca Laura Villeda Martínez, y a Édgar Bayardo como subprocurador, cargo que ya había desempeñado en el gobierno perredista de Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala.

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Aunque el gobernador Mario Marín Torres sigue empeñado en dejar como sucesor a su actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, sus asesores ya le recomendaron, basados en recientes encuestas, que no descarte la posiblidad de la presidenta muncipal Blanca Alcalá Ruiz.

Y es que la alcaldesa de Puebla no sólo es la aspirante mejor rankeada del PRI, sino la de mayor potencial de voto en caso de que el PAN se decidiera a nominar al senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Hay que destacar, según estos estudios de opinión, que Blanca Alcalá no supera en algunos rubros (como conocimiento) a Javier López Zavala, pero que en otros (como confianza) le saca una ventaja nada despreciable.

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Ya me lo habían platicado. Y debo confesar que entonces no lo creí, pero ya investigué y la especie es totalmente cierta: panistas del distrito 1, con cabecera en Huauchinango, andan promoviendo a René Meza Cabrera como candidato a la diputación federal.

Pero lo más increíble es que los panistas en cuestión son simpatizantes de Ana Teresa Aranda Orozco, ex candidata a la gubernatua de Puebla y actual subsecretaria de Gobernación federal.

René Meza, quien a partir del 18 de junio de 2006 abandonó el PRI para sumarse a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ya fue diputado federal y ahora quiere volver a serlo, pero bajo los colores del PAN, partido que no hace mucho lo aborrecía y tachaba de corrupto, rememorando su pasado piñaolayista como director de Tránsito del estado.

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Trivia:
¿Qué secretario del gabinete marinista se programó un viaje a Europa dizque para buscar nuevas inversiones, aunque en realidad se fue de paseo con su esposa en una especie de segunda luna de miel?

Dos tips:
El susodicho figura en la lista de prospectos a una diputación federal por uno de los distritos de la capital del estado.

No es la primera vez que, so pretexto de su cartera dentro del gobierno marinista, hace viajes al extranjero por asuntos personales o familiares.

Si aún no atina la respuesta, entonces le recomiendo visitar la sección de comentarios de este blog.

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Propuesta al calce: ayer, durante el recorrido por las obras del Complejo Cultural de la BUAP —que el próximo 10 de noviembre será inaugurado en el marco del tercer informe de su rector, Enrique Agüera Ibáñez—, no fueron pocos los comunicadores invitados que se preguntaban, entre broma y en serio, si no valdría la pena que el gobernador Mario Marín contratara al director de Obras de la Benemérita, Manuel Sandoval Delgado, para sacar adelante los proyectos que sus funcionarios tiene atorados o rezagados, como el Centro Expositor o la Célula, por mencionar sólo algunos.

En lo va de la gestión de Mario Marín, ni el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, ni el de Finanzas y Administración, Gerardo María Pérez Salazar, han logrado concluir —en tiempo y forma— una obra de la magnitud del Complejo Cultural de la BUAP.

Esta magna obra, conformada por seis monumentales edificios —entre ellos un auditorio para 3,500 espectadores—, tuvo un costo de 800 millones de pesos y se terminó en un año, lo que no ha sucedido con el Centro Expositor de la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en el que se invierten cerca de 1,000 millones de pesos y cuyos trabajos no se concluirán este año como se prometió; ni tampoco con el Nodo Intermodal de Oriental, en el que se gastarán más de 2 mil 63 millones de pesos.

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¿Sabe usted a cuánto asciende el costo del “arreglo” al que hace unos días llegaron el gobierno del estado y TV Azteca para poner fin al linchamiento mediático que desde la televisora del Ajusco se lanzó contra el Ejecutivo estatal, después de que los directivos del Puebla de la Franja quisieron rescindir a esta empresa, el contrato de los derechos de transmisión de los partidos del futbol por el estadio Cuauhtémoc?

¡A 28 millones de pesos!, sí el monto que el gobierno del estado a través de Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, invertirá para la celebración de un dizque festival internacional denominado  “Ciudad de las Ideas” que tendrá como sede la capital del estado del 6 al 8 de noviembre.

Pero si el monto es escandaloso, más lo son los argumentos que ayer tuvo que emplear el secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, para justificar dicho chantaje de TV Azteca y su ex vicepresidente, el senador priísta Jorge Mendoza Garza.

El festival “Ciudad de las Ideas” es la versión corregida y aumentada de lo que fue la entrega de los Premios Oye en 2006, evento por el cual el gobierno marinista tuvo que pagar 21 millones de pesos a Televisa para que ésta lo dejara de joder con el caso del góber precioso.

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Una buena reunión de trabajo, por el ambiente y el clima de tolerancia y respeto  que privó en ella, fue la que ayer protagonizaron en el Salón “Carlos Castillo Peraza” del Grupo Parlamentario del PAN, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y los diputados y senadores que representan a la entidad en el Congreso de la Unión.

En la comida de trabajo, de 14 a 17 horas, la presidenta presentó a los legisladores un listado de proyectos estratégicos y prioritarios que requieren ser financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, entre los que destacan obras de infraestructura básica en el Centro Histórico, donde urge cambiar algunas tuberías de agua y drenaje; el mantenimiento y ampliación de las principales vialidades de la capital, cuyo pavimento está agotado, y la construcción de parques metropolitanas en áreas verdes o reservas naturales que hoy están a punto de perderse.

La presentación técnica y presupuestal que Blanca Alcalá hizo a los diputados y senadores de sus proyectos y obras fue convincente, por lo que éstos —por conducto del panista José Antonio Díaz García— le expresaron que harán todo lo posible por incluirlos en el presupuesto del 2009 que en los próximos días será puesto a discusión de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Durante el encuentro, en el que participaron también el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, la alcaldesa agradeció la disposición de los legisladores del PAN y PRD de apoyarla a pesar de su militancia priísta, y los panistas, en un tono autocrítico, reconocieron que a sus ex presidentes muncipales quizás les faltó el trato y disposición de Alcalá para que los priístas también respaldaran —con recursos— sus proyectos e iniciativas de gobierno.

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Una vez concluido el proceso de auscultación en las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma de Puebla, donde el próximo 25 de septiembre habrá elecciones de director, todo se encuentra listo para que hoy se registren Rubén Romero Corona, que irá como candidato único o de unidad en la preparatoria Simón Bolivar de Atlixco, lo mismo que Santiago Aguilar Márquez, quien irá por un segundo periodo en la Facultad de Lenguas, donde se rechazó la solicitud de Isamel Garrido y Rivera por no cumplir con algunos requisitos establecidos en la convocatoria.

Donde sí habrá competencia, por acuerdo de las comisiones electorales que aceptaron más de un registro, será en las facultades de Ciencias Físico Matemáticas, donde el director Cupatitzio Ramírez Romero medirá fuerzas con Fernando Macías Ramírez, e Ingeniería Química, donde  participarán tres candidatos: Óscar Arroyo Porras, Luis Raúl Herrera Martínez y Tobías Mario Vargas Sánchez.

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Uno de los pendientes —y vaya que lo es— del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, con la calidad educativa y la excelencia académica, son las escuelas incorporadas a la máxima casa de estudios, que andan por la calle de la amargura en materia de acreditaciones y programas de calidad.

Y es que no es posible que el 97% de los programas de licenciatura de la UAP cuenten con alguna certificación, ya sea del COPAES, CIEES o Conacyt, y la situación de las doce instituciones de educación superior incorporadas a ella —y que incluso se publicitan con su logo— sea totalmente diferente.

¿O cómo entender que la UAP presuma que el 97% de sus programas de licenciatura son de calidad y, en cambio, las escuelas pertenecientes a su Sistema de Educación Superior Incorporado no cuenten siquiera con uno? ¿O es que el discurso de la calidad sólo aplica para los que votan en la UAP, mas no para los alumnos y docentes de sus 12 instituciones incorporadas? ¿O es que la UAP también se siente orgullosa de sus universidades patito?

Ojalá y no.

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Trivia:

¿Alguien sabe en manos de quién quedaron la residencia y los dos vehículos que el Comité Directivo Estatal del PRI rifó en el proceso local electoral del 2007, como una estrategia para allegarse recursos para su campaña política?

Los boletos fueron acomodados entre funcionarios públicos de la administración estatal, de primero y segundo niveles, así como entre candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La respuesta es todo un escándalo.

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El próximo 3 de septiembre, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, vendrá a poner en marcha el llamado Movimiento Laboral 2008, organización local que agrupa a dirigentes empresariales, líderes sindicales, académicos y funcionarios del sector, cuyo objetivo es propiciar una cultura laboral apegada a valores como la competitividad, la puntualidad, la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza.

Dicho movimiento será coordinado en Puebla por el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Ortiz Rosas.

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Y hasta mañana.

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