Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Míseros los ingresos por obras de teatro, bailes, ferias y antros
Utiliza Zavala los Codesos como estructura política electoral

Un área del ayuntamiento de Puebla en la que Blanca Alcalá Ruiz y el tesorero municipal Javier Ramírez Carranza deben poner mucha atención, no sólo por los recursos que la comuna puede captar derivados del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, sino por los miles que pesos que se cobran a los empresarios y empresas dedicadas a esta actividad, pero que no siempre ingresan a las arcas municipales, es la Coordinación Operativa de Espectáculos Públicos.

Lo primero que la presidenta municipal y su tesorero deben saber, sino es que ya lo saben, es que los recursos que hoy ingresan al ayuntamiento por concepto del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, no representa ni el 20% de lo que se debería cobrar.

Luego, ordenar una investigación al coordinador del área, Jesús Tame Osorio, y a dos de sus principales operadores, los interventores Sergio Ortiz Reyes y Luis Fernando Trujillo Blázquez, que son los responsables de recaudar el referido gravamen ––sobre una cuota del 5% o 10% sobre el boletaje vendido–– a los empresarios de espectáculos, bailes, ferias y demás antros donde se cobra cover.

La investigación es relativamente fácil. Sólo hay que cruzar dos variables, los espectáculos más taquilleros que se han realizado en lo que va del 2008 tanto en el Complejo Cultural Siglo XXI como en el Teatro Principal, por citar sólo dos escenarios, con el registro de ingresos reportados a la Tesorería Municipal por la Coordinación Operativa de Espectáculos Públicos.

Los resultados de ese análisis no dejarán dudas que existe algo podrido en esa Coordinación.

Y es que no es posible que por espectáculos, musicales y obras, donde las 700 localidades del Teatro Principal se han agotado, la comuna sólo reciba 1,550 o 2,400 pesos por función, es decir, el equivalente a menos de diez entradas.

Las cuentas simplemente no salen. Si el Teatro Principal tiene capacidad para 700 personas y se venden dos funciones, a razón de 250 por boleto, las ganancias de la empresa debían ascender a 350,000 pesos, y ésta pagar por concepto de Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos algo así como 17,500 pesos, que es el 5% del monto de la taquilla.

¿Por qué en 2007 y 2008 no hay un sólo espectáculo por el que se haya recaudado esta cantidad en el Teatro Principal, y sí, en cambio, docenas de eventos por los cuales ingresaron a las arcas municipales cifras ridículas de 100, 150 y hasta 200 pesos?

Me remito a 2007 porque desde ese año ya trabajaban en el ayuntamiento como interventores de Espectáculos Sergio Ortiz Reyes y Luis Fernando Trujillo Blázquez, aunque este último fue suspendido por el anterior director de Registro y Fiscalización, Carlos Taboada Villanueva, y recontratado en agosto o septiembre de este año por el actual coordinador de Espectáculos, Jesús Tame.

A continuación, enumeraré una serie de eventos realizados en 2007, con la fecha de pago, número de folio y monto recaudado por impuestos:

Obra El Camino Azul, 28 de mayo de 2007, folio 529936, monto 800 pesos.

Show de Jo Jo Jorge Falcón, 30 de julio de 2007, folio 530329, monto 2,400 pesos.

Obra Homenaje a Cri-cri, 26 de julio de 2007, folio 530299, monto 500 pesos.

Danza Andalucía Flamenca, 27 de julio de 2007, folio 530326, monto 200 pesos.

Concierto Somos El Bolero, 19 de julio de 2007, folio 530247, monto 100 pesos.

Obra Carlota Emperatriz, 19 de julio de 2007, folio 530249, monto 100 pesos.

Danza española de Pilar Rioja, 18 de junio de 2007, folio 581688, monto 500 pesos.

Concierto Tributo a los Creedence, 2 de julio de 2007, folio 530100, monto 1,000 pesos.

Concierto Beatles, 30 de julio de 2007, folio 530328, monto 1,500 pesos.

¿Verdad que son ridículas las cuotas recaudadas por la Coordinación Operativa de Espectáculos Públicos?

EN CORTO
El doble discurso del gobierno del estado frente al conflicto magisterial y la Alianza por la Calidad de la Educación puede revertírsele, si el SNTE o los disidentes se dan cuenta del engaño.

A los dirigentes formales del SNTE, entiéndase Rafael Ochoa Guzmán, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, el gobierno marinista les expresa su respaldo y su apoyo a la ACE, y a los disidentes ––agrupados en torno al Consejo Democrático Magisterial Poblano–– les dice estar abierto a revisar la Alianza y a llevar sus impugnaciones a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El problema de este doble discurso es que puede desatar el enojo de cualquiera de las partes, y ello degenerar en conflictos de mayor envergadura como los que se han vivido en estados como Oaxaca y Morelos.

Por lo pronto el SNTE ya mostró el viernes el músculo, al convocar y movilizar sin mayores problemas a más de seis mil profesores en el Centro de Convenciones, lo que llevó al gobernador Mario Marín y al secretario de Educación, Darío Carmona, a respaldar públicamente la ACE, y a reconocer al SNTE como el único interlocutor en materia laboral.

Sin embargo, el congreso de los disidentes en Teziutlán, que logró reunir a cerca de dos mil profesores, no debe ser minimizado, y menos cuando en ese evento quedó más que claro el apoyo que tienen de la Coordinadora y de líderes de otras entidades y organizaciones de izquierda contrarias a Elba Esther Gordillo Morales.

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Además de su libro de poemas “Cobija al hombro” que se presentará el miércoles 10 de diciembre en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, el diputado federal Antonio Sánchez Díaz de Rivera es autor de otro libro “La Transición Mexicana”, que este martes será comentado en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, por Héctor Larios Córdova, Juan José Rodríguez Prats y Agustín Basave.

La presentación de este libro ––que recopila algunos de los artículos de Antonio Sánchez publicados en el periódico Reforma–– tendrá lugar en el Auditorio Sur, del edificio A de la Cámara de Diputados, a las 17 horas.

A la presentación del poemario “Cobija al hombro”, que tendrá lugar a las 19:15 horas en el Complejo Cultural, asistirá como invitada de honor y comentarista la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota.

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Un aspirante a diputado federal por el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula que se ha sumado a la puja que por el momento libran Sara Chilaca Martínez y Juan Pablo Jiménez Concha es Iván Mange Zamora.

El ex directivo del consorcio Grupo Shiva ha focalizado su actividad proselitista en dos municipios del distrito, además de la cabecera: San Andrés Cholula y Coronango, que actualmente son gobernados por alcaldes de filiación panista.

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Sin mucho cuidado de las formas, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, está conformando una nueva estructura política electoral, a partir de la integración de los Codesos.

Los Codesos son comités de obra, que en colonias pobres y marginadas se encargan de proponer y supervisar la ejecución de obras y proyectos con recursos de la SDS.

Antes de que concluya el 2008, la dependencia a cargo de Javier López Zavala proyecta tener conformados el 100% de los Codesos que operaran en la entidad.

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Y hasta la próxima.

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Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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Ahora que por diferentes encuestas sabemos que el aspirante mejor posicionado a la gubernatura de Puebla no es un priísta, sino el camaleónico Rafael Moreno Valle Rosas ––lo de camaleónico no es gratuito––, vale la pena analizar qué pasa con la cantera de precandidatos del PRI, que en mi opinión se reduce a un sólo personaje: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Sustento mi hipótesis en los porcentajes de posicionamiento e intención de voto que se han dado a conocer en diferentes encuestas, en el adelantado calendario electoral de los comicios locales, y en las condiciones en que se encontrarán por allá de febrero o marzo de 2010 algunos de los aspirantes punteros del PRI.

Además de López Zavala, los estudios demoscópicos que se han publicado apuntan a dos o tres aspirantes adicionales para pujar por la nominación del PRI a gobernador: la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz; el ex alcalde Enrique Doger Guerrero y el actual rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Los demás precandidatos del PRI —entre los que figuran Mario Montero Serrano, Jorge Estefan Chidiac, Jesús Morales Flores y Alejandro Armenta Mier— aparecen hoy con bajos niveles de conocimiento y bajísimos porcentajes de intención de voto.

Revisemos ahora el caso de los tres punteros.

Algo que no hay que perder de vista en el análisis es la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión, por la cual los comicios locales se adelantarán ––y eso no está a discusión–– del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010.

Con esta reforma constitucional, el calendario electoral de Puebla también se modificará, sobre todo en los plazos de precampaña y registro de candidatos. Si las elecciones para gobernador se llevan a cabo el primer domingo de julio, ello significa que el PRI y los demás partidos estarían sacando sus candidatos en febrero o marzo de 2010.

Bajo estas condiciones, Blanca Alcalá apenas y llegaría a rendir su segundo informe de labores, pues de inmediato deberá solicitar licencia para separarse del cargo. De más está decir que su compromiso ante notario público de gobernar la capital por tres años será una lápida muy pesada en pleno proceso electoral.

Para el rector de la BUAP la situación es igual de compleja.

Enrique Agüera no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, sino preparar a marchas forzadas a su sucesor, quien necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto. Las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después —es decir, en febrero o marzo de 2010—, Agüera tendría que renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador. En tal escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

El único aspirante que al PRI le quedaría entonces, además de López Zavala, sería Enrique Doger.

Pero el ex alcalde tiene varios problemas: carece de operadores y de una estructura a nivel estatal; está confrontado con el equipo del gobernador Marín, y al seno del PRI se le identifica como un político veleidoso, conflictivo y poco comprometido con los postulados priístas.

Adicionalmente, su imagen pública se ha deteriorado como consecuencia de sus pleitos con varios medios y columnistas, amén de los escándalos de corrupción en que él y algunos de sus colaboradores se han visto envueltos.

Sin embargo, el principal problema de Doger es Mario Marín. El gobernador podrá renunciar a su intento de dejar sucesor, pero una prerrogativa que no va a ceder, sobre todo si López Zavala pierde la nominación, es a ejercer su derecho de veto, y éste tiene como único y principal destinatario al ex presidente municipal de Puebla.

Así las cosas, López Zavala queda como la única carta fuerte que al PRI le queda para confrontar a Moreno Valle en las elecciones para gobernador.

Esta situación es, desde mi perspectiva, altamente riesgosa no sólo por el desgaste a que se verá sometido el secretario de Desarrollo Social de aquí a marzo de 2010, sino por otros factores que las propias encuestas han advertido, como su origen chiapaneco, su menor potencial de voto frente a Moreno Valle y el alto porcentaje de votos de rechazo que concentra entre electores volátiles o switcher.

De ahí mi hipótesis de que al PRI le hace falta ––y con urgencia–– inventarse uno o dos precandidatos emergentes, ya sea para quitarle golpes a López Zavala o para tener a un suplente en caso de que algún escándalo o circunstancia lo dejara fuera de la contienda.

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Un personaje que da qué pensar por su doble cachucha como funcionario del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado, y consultor privado en asuntos de administración pública, contabilidad, fiscalización y mercadotecnia, es Andrés Morales Hernández.

El susodicho, quien formalmente cobra como secretario ejecutivo del OFS, no sólo se vale de su cargo para hacer pingues negocios, sino que además incurre en una serie de conductas sancionadas por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Como subordinado directo del auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, lo menos que Andrés Morales podría hacer es asesorar a presidentes municipales en cuestiones de contabilidad, auditoría y administración pública, por el evidente conflicto de interés que ello supone.

Sin embargo, dicho impedimento ético y legal, no ha sido obstáculo para que el secretario ejecutivo del OFS establezca y opere en su terruño, Teziutlán, despachos y consultoras que sin el menor pudor publicita.

Como por ejemplo, GRU CAB, consultora ubicada en la Calle de Abasolo entre las avenidas Hidalgo y Cuauhtémoc del centro de Teziutlán, dedicada a prestar servicios administrativos, contables, jurídicos y de mercadotecnia a presidentes municipales de la región.

O el Business Center «El Condado«, que se localiza sobre la misma Avenida Hidalgo, y que en sus cuatro salones ofrece lo mismo servicios de restaurante, que de internet, y asesoría en marketing político e imagen pública, y que también tiene como principales clientes a los ayuntamientos de esa parte de la Sierra Norte.

O el despacho Publimark, especializado en publicidad, sondeos y estudios de mercado.

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Otro personaje teziuteco que también da qué pensar, tanto como su ascenso en el servicio público, pues de chofer pasó a jefe de Adquisiciones en el ayuntamiento de Teziutlán, es Mauricio Gillén García.

Este ilustre teziuteco, estrechamente ligado a Andrés Morales, comenzó como chofer y asistente del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, pero al cabo de unos meses la fortuna le sonrió, tanto que no sólo pudo regresar a su terruño con un mejor sueldo y estatus social, sino como funcionario del alcalde priísta Jorge Camacho Foglia.

Y es que Mauricio Gillén se desempeña hoy, gracias a la recomendación de sus ex jefes del OFS, como jefe de Adquisiciones del ayuntamiento teziuteco.

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Registre usted el nombre de Carlos Raúl Alvarado Rodríguez, pues en diciembre o enero se convertirá en Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación de su presidente, Alejandro Armenta Mier.

Raúl Alvarado se desempeña actualmente como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud del estado.

Antes de este encargo, el licenciado en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), trabajó como jefe de Prensa de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado.

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Si las elecciones para gobernador del 2010 se adelantan del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, puede dar por un hecho que ni Blanca Alcalá Ruiz, ni Enrique Agüera Ibáñez llegarán a la puja final por la nominación priísta a la gubernatura de Puebla.

La presidenta municipal tendría el inconveniente de faltar a su compromiso, suscrito ante notario público, de gobernar la capital del estado por tres años, y de pedir licencia para participar en el proceso interno del PRI casi inmediatamente después de rendir su segundo informe de labores, por ahí del 15 de febrero de 2010.

Es decir, Blanca Alcalá tendría que dejar el gobierno de la ciudad justo a los dos años de su toma de posesión.

En estas condiciones, muy difícilmente la primera alcaldesa de Puebla estaría en posibilidades ya no de ganar la gubernatura, sino de salir a convencer a los poblanos de ser la mejor opción para el estado, máxime cuando su legado en materia de obra pública para febrero de 2010 se vislumbra como muy modesto, por no usar otra palabra.

La situación para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es igual o aún más complicada.

Enrique Agüera Ibáñez no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, algo en lo que ya trabaja y con ahínco, sino preparar a marchas forzadas al que sería su sucesor, y que necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto.

Y es que las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después, es decir en febrero o marzo de 2010, Agüera tendría que pedir licencia o renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador.

En ese escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

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A diferencia de las anteriores marchas y protestas realizadas por los maestros disidentes, la de ayer tuvo como centro al gobierno del estado y al secretario de Educación Pública, Darío Carmona García.

Los profesores que ayer salieron a la calle ya no sólo exigían la remoción de los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, y la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), sino que el gobierno de Marín defina su postura frente a la Alianza y que Darío Carmona sea relevado de la SEP o que al menos quede fuera de la mesa de negociaciones con los disidentes.

La posición de los inconformes que hoy también amenazan con tomar en cualquier momento las oficinas de la SEP, se explica por el doble discurso de Darío Carmona, que primero alentó el movimiento disidente y ahora, por las presiones del SNTE, los amaga con descuentos y otras sanciones económicas.

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Antonio Galy Fayad fue designado este martes como director regional Pacífico-Centro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Édgar Enrique Bayardo del Villar no sólo fue un personaje que mantuvo estrecho contacto con los jefes policíacos de Puebla, como el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor, el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto; el ex director de la judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, y los ex secretarios de Seguridad Pública del municipio Puebla, Humberto Vázquez Arroyo y Omar Álvarez Arronte ––aunque muchos de ellos ahora lo nieguen––, sino también un policía que se movía a los más altos niveles.

Édgar Bayardo, por ejemplo, era uno de los asiduos asistentes a las comidas que cada 17 de enero se organizan por el cumpleaños del arzobispo de la iglesia ortodoxa antioqueña, Antonio Chedraoui Tannous, acontecimiento que suele reunir a secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, dueños de medios de comunicación, jerarcas católicos y a los más encumbrados políticos y hombres de negocios de México.

Este año no fue la excepción. El hoy cómplice de los hermanos Zambada García ––Isamel “El Mayo” y Jesús “El Rey Zambada”–– estuvo en la comida por los 76 años de don Antonio Chedraoui, compartiendo el pan y sal con algunos poblanos como el diputado federal Jorge Estefan Chidiac; el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Otros poblanos que este año también asistieron a la comida del arzobispo Antonio Chedraoui fueron el secretario particular del gobernador Marín, Guillermo Deloya Cobián; el ex consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz; el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor; el ex director de la Judicial y ex delegado de la PGR en Tlaxcala, Adolfo Karam, y los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Pepe Chedraui.

Hay que decir que muchos de ellos ni siquiera conocían a Édgar Bayardo, por lo que quizás hasta les pasó desapercibido, y más cuando nadie entonces sospechaba de sus vínculos con el Cártel del Pacífico.

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Otro personaje que hoy tampoco quiere saber nada de Édgar Bayardo, pero que en su momento trató de impulsar como subprocurador de Justicia del estado fue el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.

Esta versión, que el propio Bayardo confió a algunos amigos suyos, en un antro de Plaza Loreto, puede ser confirmada por personajes como Carlos Talavera Pérez, presente en esa reunión.

La intención de López Zavala era que impulsar a Adolfo Karam como procurador de Justicia, en sustitución de Blanca Laura Villeda Martínez, y a Édgar Bayardo como subprocurador, cargo que ya había desempeñado en el gobierno perredista de Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala.

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