Si algo quedó claro anoche, durante el primer informe de actividades legislativas de los diputados locales del PAN, efectuado en el Teatro de la Ciudad, es que Eduardo Rivera Pérez ya empezó su precampaña en pos de la presidencia municipal de Puebla.

El énfasis que puso al final de su intervención, cuando afirmó «soñamos junto con ustedes en una Puebla grande y de bienestar, en nuestra querida Puebla ordenada y de progreso«, hizo reflexionar a no pocos de los asistentes sobre el interés de Eduardo Rivera por la alcaldía poblana.

Y aunque el método utilizado por el coordinador de la bancada panista para dejar ver sus intenciones no pareció muy ortodoxo, en términos políticos fue eficaz, pues logró transmitir a los dirigentes, representantes populares y operadores políticos del PAN que la suya no es una apuesta descabellada o fuera de lugar.

A diferencia de otros actores, Eduardo Rivera es una figura joven, fresca y con liderazgo, que ha sabido mantenerse al margen de las purgas al seno del PAN y El Yunque por el control del partido, y que ha evitado inmiscuirse en pleitos y conflictos personales entre aspirantes a la gubernatura y entre dirigentes y exdirigentes panistas.

Esta condición es la que anoche mostró el coordinador de los diputados locales del PAN ante los cuadros y estructuras del partido, a los que —bajita la mano— les mandó el mensaje de que su trabajo por hacer de Puebla una ciudad ordenada y de progreso podría llevarlo a buscar la candidatura a la presidencia municipal en las elecciones del próximo año.

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Anoche circuló en varios medios de comunicación un correo electrónico que anticipa un nuevo escándalo en el Instituto Poblano para la Productividad Competitiva, por la decisión de su alto comisionado Gabriel González Molina de promoverse y de promover al gobernador Mario Marín Torres en más de cinco mil libros destinados a estudiantes de preparatoria.

En el libro Tus Talentos Emprendedores, editado en los talleres de Gráfica Total SA de CV en octubre de 2008, se incluye una dedicatoria rubricada por el gobernador Marín, que, de acuerdo con algunas voces, sería violatoria del artículo 134 del Cofipe que expresamente prohibe la promoción personalizada de funcionarios públicos.

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Simón dice:

«No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas».

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805). Poeta y dramaturgo alemán.

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La noche del jueves de la semana pasada, el senador Rafael Moreno Valle Rosas se comunicó vía telefónica a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN.

Entre nervioso y excitado, el legislador pedía ser enlazado con el dirigente estatal de su partido, Rafael Micalco Méndez, quien por cierto no se encontraba en Puebla.

Dónde puedo localizarlo, me urge hablar con él, exigía un alterado senador, al tiempo que su interlocutor en la línea le reiteraba que no estaba en Puebla, que había salido a la ciudad de México a una junta con gente del CEN.

El nerviosismo de Moreno Valle y su apremio por comunicarse con Rafael Micalco tienen una explicación:

Esa tarde, la tarde del 19 de marzo, al senador le fueron con el chisme que la dirigencia estatal de su partido había negociado con el gobernador Mario Marín y el PRI las reformas a la Constitución Política del estado para bloquear la despenalización del aborto, los matrimonios gays y la muerte asistida, a cambio de cerrarle el paso a la gubernatura.

La versión parece disparatada, aunque no para el senador que esa noche, como se dice coloquialmente, armó tremendo pancho.

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A propósito.

Este fin de semana Rafael Moreno Valle anduvo de campaña, en compañía de Pablo Rodríguez Regordosa y Roberto Grajales Espina, por la mixteca. El sábado visitó Chiautla de Tapia y el domingo Tepexi de Rodríguez, región en la que apoya al empresario mueblero Ismael Sánchez para que obtenga la nominación del PAN a la diputación federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

La gira proselitista del senador panista no tendría mayor relevancia si no fuera por un pequeño detalle: presentó a Rodríguez Regordosa y a Grajales Espina como sus candidatos a diputados plurinominales.

El hecho no deja de sorprender a los panistas de la región y a no pocos de Puebla, pues oficialmente la elección de los candidatos plurinominales se dará en dos fases, la primera el domingo 22 de marzo con la votación en cada distrito, y la segunda el domingo 29 con una elección estatal.

A ver si no por adelantado sus candidatos se caen.

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Este día puede ponerse calientita la mesa de trabajo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Y es que el representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte, podría solicitar una sanción a la encargada de la Dirección Administrativa del IEE, Verónica Paola Cruz Castillo, por violar la normatividad del organismo al contratar directamente a familiares, entre ellos a un sobrino político suyo, que responde al nombre de Luis Javier Córdova Sánchez.

La petición de Jorge Luis Blancarte para que se investigue el supuesto nepotismo en que habría incurrido Cruz Castillo se hizo a través del oficio 90/2009, y este quedó registrado en la Oficialía de Partes del Instituto con el número de folio 00075.

Como detalle adicional, le cuento que en la mesa de trabajo del martes los ánimos entre representantes de partido y consejeros subieron de tono, al grado que los otrora fieles escuderos del IEE, Jorge Sánchez Morales, optaron por dejarlo sólo, en medio de los reproches de cínico que le hicieron sus críticos dentro del Consejo General del organismo.

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Una buena fuente del PAN me hace saber que Ana Teresa Aranda Orozco no será candidata a diputada federal por un distrito de Puebla, ni por la vía plurinominal, por una sencilla razón.

A estas alturas ya tenía que haber renunciado o presentado una solicitud de licencia, para estar en condiciones de participar y evitar que su nominación fuera impugnada ante el Instituto Federal Electoral, situación que hasta ayer miércoles al medio día no había ocurrido.

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El accionista mayoritario del equipo de futbol Puebla, Francisco Bernat Cid, promovió ante el Juez Tercero de Distrito un segundo juicio de amparo, para impedir su aprehensión por parte de la Procuraduría General de Justicia como parte de las denuncias de fraude presentadas en su contra.

Pues ayer el juez federal le negó la suspensión del acto reclamado, por una sencilla y elemental razón: hasta el momento no existe orden de aprehensión girada en contra suya.

El abogado de Paco Bernat es Antonio Carcaño Martínez.

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Simón dice:

“Con ciertas personas vale más ser traicionado que desconfiar”.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.

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Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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Quintuplican los costos de las realizadas por la comuna
Mario Marín García, futuro notario por la capital

Uno de los secretos mejor guardados por la actual administración estatal es el costo final de las obras públicas.

En la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) esta información simplemente brilla por su ausencia. En el apartado de Convocatorias a concursos o licitaciones, los links que supuestamente llevarían a los resultados de las asignaciones están rotos o desactivados.

La única forma de acceder a los costos de las obras es vía los boletines de prensa, emitidos por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado o la Dirección de Comunicación Social de la propia dependencia.

Esta opacidad o falta de transparencia no es casual, ni involuntaria.

Por el contrario, tiene la intención de ocultar al ciudadano y a los especialistas en la construcción los sobrecostos que tienen algunas de las obras que realiza el gobierno del estado, en particular la SEDUOP y su titular Javier García Ramírez.

Para demostrarlo basta llevar a cabo un simple comparativo, por ejemplo, entre las unidades o canchas deportivas efectuadas por el gobierno de Mario Marín Torres y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.

La diferencia de precios, como se verá, resulta abismal.

Hasta el pasado mes de febrero, la actual administración estatal había construido 30 nuevas unidades deportivas, que constan ––en términos generales–– de cancha de fútbol, de pasto natural o sintético; de dos canchas de usos múltiples, que pueden utilizarse para básquetbol o voleibol; y de una pista de atletismo.

El costo de cada unidad deportiva fluctuó entre siete y 15 millones de pesos. La variación en los precios depende de varias cosas, como el tamaño de la cancha y el tipo de pasto que se le pone; la pista de atletismo, que puede ser de gravilla o de tartán, y si ésta consta de gradas, iluminación y sanitarios.

La gestión de Blanca Alcalá construyó el año pasado ocho nuevas canchas de fútbol de pasto sintético, dos pistas de trote y tres canchas de usos múltiples.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, el ayuntamiento de Puebla pagó 1.8 millones de pesos por dos canchas de pasto sintético, una pista de trote y una cancha de usos múltiples; en la unidad habitacional San Bartolo, 1.03 millones de pesos, por una cancha de futbol de pasto sintético, una pista de trote y la dignificación de la cancha de usos múltiples ya existente; y en el Polideportivo José María Morelos y Pavón pagará 1.9 millones de pesos por las obras de mantenimiento y rehabilitación de ese complejo cercano al barrio de Xonaca.

En la unidad habitacional San Ramón, la cancha de pasto sintético le costó 811 mil pesos; en la unidad habitacional La Flor, 729 mil pesos; en la unidad habitacional La Victoria 186 mil; en la unidad habitacional Amalucan, 243 mil; y en la unidad habitacional Villa Frontera, 180 mil pesos.

Tales costos, en comparación con los del Gobierno del Estado, son abismales.

Aquí le dejo un par de muestras: la unidad deportiva de Chalchicomula de Sesma, que tendrá un costo de 15 millones de pesos , y la unidad deportiva de Chignahuapan, en la que se invertirán 14 millones de pesos.

Ambas obras fueron puestas en marcha por el gobernador el año pasado, una el 30 de agosto y otra el 10 de diciembre, y ambas contarán ––una vez que se concluyan–– con cancha de fútbol, dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo, además de gradas, sanitarios y alumbrado.

EN CORTO
Con el aval de su señor padre, Mario Marín García ha comenzado a gestionar una notaría pública en la ciudad de Puebla.

De hecho, trascendió que esta semana, en un Juzgado de lo Civil, se llevará a cabo una diligencia testimonial de personas que dicen conocer al hijo del gobernador del estado como una persona apta y capaz para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El asunto, por supuesto, levantará ámpula entre abogados y notarios, así como en partidos políticos que no desaprovecharán la ocasión para llevar agua a su molino en pleno proceso electoral federal.

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De un momento a otro se conocerán nuevos ajustes y nombramientos en la Secretaría de Salud del estado, dependencia en la que se mantendrá como titular Antonio Marín y López, por recomendación del secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos.

De buena fuente, le puedo adelantar que por lo pronto el gobernador Marín colocará al frente de la Dirección de Atención a la Salud, en lugar de Jorge George Sánchez, a una persona muy cercana a sus afectos, y que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano ya estableció contacto con el líder sindical Malcom Ramírez Martínez para pedirle le baje a sus protestas.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estuvo este sábado en Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Llegó a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, acompañado del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.

En Huauchinango inauguró la feria del lugar, en representación del gobernador Mario Marín, y en Xicotepec asistió a una comida organizada por René Lechuga Fosado con motivo de su cumpleaños, y que reunió a la clase política de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

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El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación determinó declarar improcedentes los recursos de inconformidad promovidos por Rafael Palacios Vega y Selim Alberto Núñez Ledesma en contra del PRI, que les negó su registro como precandidatos a diputados federales por los Distritos 6 de Puebla y 7 de Tepeaca.

Palacios Vega se inconformó, primero ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y luego ante el Tribunal Electoral, pero sin agotar la primera instancia, por lo su recurso fue desechado.

En el caso de Núñez Ledesma, el Tribunal Electoral determinó que su impugnación carecía de validez, por no haber recurrido primero ante las instancias partidistas procedentes.

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Simón dice:

“Hay personas a las que la fortuna no les procura más que miedo de perderla”

 Conde de Rivarol, escritor francés.

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Después de que este lunes el periódico Intolerancia publicó los resultados de una segunda encuesta estatal, sobre el posicionamiento electoral de los principales aspirantes del PRI y el PAN a la gubernatura de Puebla, me puse a comparar ambos estudios demoscópicos, realizados con cinco meses de diferencia, pero bajo la misma metodología.

Esta comparación me arrojó las siguientes conclusiones:

1.Que el senador Rafael Moreno Valle Rosas es el aspirante que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 registró el mayor crecimiento en potencial de voto, al pasar de 33.5% a 37.4%. Es decir, creció 3.9 puntos.

2.Que de los precandidatos priístas, Javier López Zavala es el que menos creció tanto en potencial de voto como en confianza. En el primer rubro, el secretario de Desarrollo Social sólo aumentó cuatro décimas, al pasar de 32.0 a 32.4%, y en el segundo sólo cinco décimas de punto, al pasar de 33.7 a 34.2%.

3.Que el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, es el aspirante priísta no sólo de mayor confianza en la actualidad, sino también el que más creció en este rubro, 10.5 puntos, al pasar de 35.2 a 45.7%.

4.Que la presidenta municipal de Puebla muestra también un posicionamiento ascendente tanto en confianza como en potencial de voto. El nivel de confianza de Blanca Alcalá Ruiz creció 8 puntos, contra 5.6 de Moreno Valle, y 0.5 de López Zavala. En cambio, la intención de voto de la alcaldesa creció 1.3%, contra 3.2% de Agüera Ibáñez y apenas 0.4% del secretario de Desarrollo Social del estado.

5.Que el ex presidente municipal y ex rector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero, no sólo no creció, sino que perdió puntos: 2.4 en potencial de voto, al caer de 27.2 a 24.8%, y 3.7 en confianza, al desplomarse de 32.5 a 28.8%, registrando la mayor caída entre los aspirantes punteros a la gubernatura del estado.

6.Que la subsecretaria de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda Orozco, sigue rezagándose en la puja por Casa Puebla, al reportar la mayor caída en potencial de voto: 5.3 puntos. En cinco meses su intención de voto disminuyó de 21.3 a 16.0%.

7.Que la ventaja de 14.3 puntos que hoy saca el PRI al PAN en las elecciones para diputados federales, podría disminuir en los comicios locales para gobernador de 2010, si el tricolor postula como candidato a Javier López Zavala y el blanquiazul a Rafael Moreno Valle.

8.Que en los comicios para gobernador de Puebla, el PAN constituye hoy un ancla para las aspiraciones del senador Rafael Moreno Valle, y el PRI una plataforma para cualquiera de sus precandidatos a Casa Puebla.

9.Que en el corto y mediano plazo no se percibe un cambio en la dinámica bipartidista que ha dominado las últimas elecciones federales y locales en Puebla.

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Simón dice:

“Tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores”.
Winston Churchill, político británico.

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Cuando el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz solicitó al gobernador Mario Marín Torres su autorización para que los últimos kilómetros de la vía rápida que unirá a Tlaxcala con Puebla se efectuaran sobre predios localizados en la entidad, las autoridades poblanas se tardaron más de cuatro meses en conceder ese permiso.

Hoy que el gobierno de Marín, en sociedad con la empresa OHL, pretende construir un libramiento carretero de 34 kilómetros, paralelo a la autopista México-Puebla en el tramo de Amozoc a Xoxtla, el destino parece jugarle una mala pasada.

Y es que ahora son las autoridades poblanas las que requieren que el gobierno de Héctor Ortiz autorice que un tramo del llamado Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla pase por territorio tlaxcalteca.

El trazo original del libramiento, concesionado a la española OHL, no contemplaba afectar predios de la vecina entidad, pero la situación cambió cuando los topógrafos se percataron que la obra se encarecería en más de 100 millones de pesos por las indemnizaciones que tendrían que pagar por las casas, bodegas y demás construcciones que resultarían dañadas.

Desde entonces, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con los técnicos de OHL, han explorado varias alternativas, sin que ninguna les convenza. Una de ellas ha sido rodear los asentamientos en la zona conurbada de Puebla y Tlaxcala, lo que haría más largo el trayecto; otra más ha sido modificar el trazo, lo que también encarecería el proyecto, pues ahora se tendrían que comprar predios diferentes a los que ya se adquirieron.

En fin, que de todas las opciones evaluadas, la mejor ––en términos de costos, tiempo de ejecución y longitud–– resulta ser aquella que considera cruzar por territorio tlaxcalteca.

Y he ahí el problema, pues ahora lo más probable es que el gobernador Héctor Ortiz prolongue la expedición del permiso requerido por el gobierno de Puebla y la concesionaria del Libramiento Norte de la Ciudad para entrar a negociar con los tlaxcaltecas la compra de sus terrenos.

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Para colmo de males: Concepción Colotla Gonzaga ya se metió a liderear a los inconformes con el proyecto carretero de OHL. “El Concho”, quien cobró celebridad en el sexenio de Melquiades Morales Flores por echar abajo el proyecto de la autopista Milenium, que uniría en 60 kilómetros a Puebla con Tepeaca, participó este miércoles en la primera manifestación que realizan los afectados por el Libramiento Norte frente a Casa Aguayo.

Ahora sí que la pesadilla de Valentín Meneses se volvió realidad. En no pocas ocasiones el secretario de Comunicaciones y Transportes ha traído a colación el nombre del perredista como el azuzador que impidió el desarrollo de la región de Tepeaca y Tecamachalco por oponerse al Proyecto Milenium, y este miércoles Concho Colotla se le apareció, acompañando a los manifestantes que se resisten a malbaratar sus tierras en beneficio de OHL.

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Entre los cambios que la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz prepara para los próximos días, puedo adelantarle el de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En su lugar será nombrado el actual director de Vialidad, Manuel Alonso García, a quien la alcaldesa le encomendará la unificación de las dos áreas de la dependencia, de suerte que ahora los agentes de tránsito también serán policías y éstos agentes de tránsito.

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Simón dice:

“La venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno”
 Walter Scout, escritor británico.

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Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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Por Eduardo González

El pasado 29 de enero el gobernador Mario Marín Torres anunció como parte de las medidas del gobierno estatal para enfrentar la crisis, el recorte de 10 por ciento al salario de los directores de área, coordinadores generales, subsecretarios, secretarios y, el suyo incluido.

Aunque atractiva a nivel mediática, la medida en sí sola causó una gran molestia al interior de la burocracia poblana.

Sin embargo sólo fue una de las 40 disposiciones de racionalidad y austeridad para el ejercicio fiscal 2009, que aplicará en el resto del año la Secretaría de Finanzas, con el aval de la Secretaría de Gobernación y la supervisión de la Contraloría estatal.

A través del oficio-circular 02/2009 de la Comisión Gasto-Financiamiento del gobierno del estado, que fue dado a conocer el pasado 2 de febrero a los titulares de las dependencias y entidades públicas, se especifica además el recorte de 20 por ciento en el gasto de insumos y la cancelación de diversas partidas.

Así, los recursos para el suministro de gasolina se reducen 20 por ciento y los gastos por este concepto privilegiarán al personal operativo, en tanto que los servidores públicos que tengan asignados vehículos deberán cubrir el combustible con sus propios ingresos.

En el mismo porcentaje se verá afectada la reasignación de líneas telefónicas, las partidas para el pago de energía eléctrica, mantenimiento de vehículos así como la compra de refacciones, accesorios y herramientas.

Para los secretarios de gabinete y procuradores se estableció un consumo límite mensual de 450 pesos en servicio de teléfono celular, para subsecretarios o subprocuradores de 350 pesos y para titulares de entidades, de 300 pesos.

En caso de que algún funcionario se exceda, la diferencia se descontará de su salario. Y en caso de extrema austeridad, el servicio se cancelará sin previo aviso.

La administración estatal, dice el documento, eliminó los gastos de asesorías y en caso de requerir estudios éstos se realizarán con personal y recursos propios.

Para las dependencias que tengan asignados vehículos oficiales anteriores al modelo 2000, se les notificó realicen el proceso de desincorporación de los mismos, en el entendido de que en ningún caso se realizará la reposición de las unidades.

El asunto de un gasto austero y racional por parte del sector público es un problema mucho más complejo, y de entrada habría que recordar cómo es que los salarios de los altos funcionarios públicos alcanzaron los niveles actuales.

Y más aún, se transparente el monto y destino de los ahorros, toda vez que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, sí es un recurso que se derrocha.

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Cuando los extremos se juntan

Este viernes, con motivo del cumpleaños de Eduardo García Casas “El Yayo”, se reunirán a comer en el restaurante El Parrillaje de la 43 oriente, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y el nuevo párroco de Xonaca, Víctor Sánchez.

Este último sustituye en ese templo al padre Froylán González Pérez, y también lo hará como encargado de las relaciones públicas de la Arquidiócesis.
A la comida sólo se encuentran invitadas 10 personas, entre ellas las antes mencionadas.

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También en Tlaxcala hace aire

Un escándalo que se cocina en el vecino estado de Tlaxcala tiene que ver con la ex delegada del ISSSTE, Aurora Aguilar Rodríguez, quien renunció a su cargo para buscar una candidatura en el Partido Acción Nacional a fin de instalarse como diputada federal.

En la vecina entidad los detractores de la panista han solicitado se investigue el proceso de reestructuración de 704 créditos para vivienda que fueron encargados a la notaría número 5, pero no la de Tlaxcala, sino la de Huejotzingo, en Puebla, a cargo del fedatario público Alejandro Romero Carreto.

Dicen en Tlaxcala que la actitud de la ex delegada empieza a generar sospechas y lleva un tufo de corrupción, porque nadie se explica ni justifica por qué habiendo notarios en Tlaxcala se optó por encargar la reestructuración de los créditos fuera de aquella entidad, situación que al menos en el ISSSTE, es la primera vez que ocurre en el país.

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