Ismael Ledesma Mateos
El porrismo es la actividad realizada por grupos de choque mercenarios, constituidos por maleantes sin conciencia política, que se mueven en función de su beneficio económico y ejercen la violencia al servicio de los intereses políticos de autoridades y sectores del poder gubernamental. Los porros son alumnos que en su mayoría quedaron estancados, lo que en el lenguaje popular se llama “fósiles”, pero que a cambio de sus actuaciones reciben múltiples beneficios. Originalmente surgieron vinculados al PRI, pero con el ascenso al poder de otros partidos, como el PAN y el PRD, también han buscado ser cooptados por ellos, incluso recibiendo trabajos en dependencias como pago a su labor represora y/o desestabilizadora de los movimientos estudiantiles.
Las autoridades de las universidades, inicialmente de la UNAM, luego del IPN y posteriormente de otras, promovieron una práctica sistemática de violencia y el terror, con el propósito de atemorizar y acorralar a las agrupaciones estudiantiles con convicción democrática y académica. Como señala Hugo Sánchez Gudiño en su libro de 2006, Génesis, desarrollo y consolidación de los grupos estudiantiles de choque en la UNAM (1930-1990): “con el paso de los años, este estilo de política estudiantil entró en una etapa de descomposición hacia finales de los años cuarenta, gestando y alimentando en su seno el fenómeno del pistolerismo (basado en la agresión física y la violencia armada en contra del opositor) al interior del campus, por pandillas de delincuentes estrechamente vinculadas a grupos políticos oficiales externos e internos a la institución, que se irán convirtiendo paulatinamente con el paso del tiempo en el brazo armado (golpeador represivo) de esos grupos siempre vinculados a las autoridades universitarias, sentando las bases de la institucionalización, años después, del fenómeno denominado porrismo. En esta línea, el porrismo estará ligado estrechamente a la dinámica del movimiento estudiantil popular, con el fin explícito de controlarlo, golpearlo, anularlo, debilitarlo o en su defecto exterminarlo”.
Un acontecimiento crucial fue la salida del poder del general Lázaro Cárdenas y la llegada del presidente Manuel Ávila Camacho, de orientación derechista. En ese contexto la institución orientada por los principios populistas de “izquierda” del anterior régimen era el IPN, creado como una respuesta a la hegemonía de la derecha reaccionaria en la UNAM.
En 1942 los estudiantes del politécnico, como también la gran mayoría de trabajadores de los principales sindicatos nacionales, como el de electricistas, ferrocarrileros, petroleros, mineros y de la construcción, principalmente se lanzaron a defender el IPN, por el reconocimiento de sus estudios, y la necesidad de tener una ley orgánica que diera la certeza de ser del IPN, para impedir su cierre por parte de las fuerzas de la derecha llegada al poder con Ávila Camacho, lo que llevó a la primera gran huelga estudiantil. Como han escrito tanto Gilberto Guevara Niebla como Immanol Ordorika: “A mediados de los años cuarenta el gobierno federal da marcha atrás en buen número de las políticas populares de los gobiernos posrevolucionarios. Este hecho es particularmente importante en el ámbito educativo con el congelamiento, y posterior eliminación, de la educación socialista. Con ello, la brecha entre los grupos católicos conservadores en las universidades y el propio gobierno se cierra. Paulatinamente, las administraciones universitarias fueron ocupadas por grupos afines y articulados con el gobierno federal y sus contrapartes estatales. Durante el periodo más álgido del autoritarismo mexicano se desarrolló la época de oro de la universidad liberal. Los remanentes de los viejos grupos católicos opositores desaparecen con la caída del rector Brito Foucher y el establecimiento de la nueva Ley Orgánica de la UNAM, en 1944-1945. En el nuevo contexto político, la tradición de violencia estudiantil, encarnada por los pistoleros de Brito Foucher, se transforma para cumplir los requerimientos de contención política y control corporativo del sistema político autoritario mexicano.” En este escenario el porrismo se hace presente con toda su fuerza, convirtiéndose en un eje de control de la vida institucional.
Lo acaecido el pasado 3 de septiembre en la explanada de la rectoría de la UNAM nos muestra cómo a tantos años del ascenso del porrismo en la Máxima Casa de Estudios, aún se encuentra presente con todos sus fueros. Resulta interesante reflexionar al respecto a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su salvaje represión. En efecto, en ese año el porrismo fue rebasado por el activismo de los universitarios y su pujanza aterró al gobierno criminal de Gustavo Díaz Ordaz. Luego de la masacre, el gobierno buscó sobre la base del terror evitar la libre expresión de las ideas en el país, y no fue sino hasta 1971 que volvió a darse una movilización, el día 10 de junio, la cual de nueva cuenta fue agredida brutalmente (“la masacre del jueves de Corpus”), ya no por el ejército, sino por un grupo paramilitar de golpeadores conocido como los Halcones. Según un informe de investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sus integrantes eran reclutados entre estudiantes de edad universitaria e incluso llegaron a recibir entrenamiento en el extranjero.
El caso del porrismo obedece a un patrón análogo al que se dio con los Halcones, pero asentado en la vida de las instituciones educativas. La función del porrismo es impedir el avance de la izquierda y su consolidación. En ese orden de ideas el ataque del lunes 3 podría ser interpretado como una reacción del PRI-gobierno desfalleciente, en la búsqueda de conservar el control de una institución que ha dominado, a partir de la caída del rectorado del Dr. Pablo González Casanova, que fue consecuencia de una acción porril. Otra hipótesis —creo que menos probable— sería la intención del PRD —en peligro de extinción— de ganar nuevos espacios como forma de presión. Ante la llegada del nuevo gobierno de izquierda, esos grupos deberán perder sus privilegios y de ahí la importancia de montar una provocación, que evidentemente no tiene que ver con el conflicto interno del CCH Azcapotzalco, usado como pretexto.
Existen grupos de interés que buscarían la salida del rector Enrique Graue, para instalar en su lugar a alguien que los represente, y esto antes del primero de diciembre. Así, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibiría una UNAM en manos de un rector hostil al cambio democrático, tal como le ocurrió al presidente Lázaro Cárdenas. Graue no era el candidato del gobierno a la rectoría, pero la correlación de fuerzas llevó a su designación. Se trata de alguien con quien el nuevo gobierno puede llegar a acuerdos para el bienestar de la institución y de la nación, y eso para los sectores más reaccionarios resulta inadmisible. Un conflicto universitario enturbiaría el panorama de la transición y ése sería una forma de estertor de un sistema moribundo
La “representación social” del porrismo es un asunto complicado; para un gran sector de la población no queda claro su significado, confundiéndolo con cualquier manifestación de activismo estudiantil. No comprenden que salir a las calles para manifestare por una causa, es muy distinto a salir a cometer actos vandálicos; los medios de comunicación contribuyen a esa distorsión de la realidad. Cuando los porros agreden a un movimiento estudiantil, llegan a presentarlo como un conflicto entre “pandillas”, tal como pasó el lunes 3, cuando se llegó a hablar de un enfrentamiento, cuando en realidad se trató de un ataque, de una acción deliberada, donde los porros llegaron en camiones y otros vehículos, armados con múltiples objetos: tubos, palos, varillas, armas punzocortantes, bombas molotov.
Premeditadamente, llegan a usar el término porro tanto para los delincuentes encargados de sembrar el terror, como para los activistas estudiantiles, cuando en realidad la acción porril va encaminada a reprimir, para mantener el control de gran parte de escuelas universitarias (de bachillerato o nivel superior) en la Ciudad de México y en otras del país, cometiendo actos ilícitos e incluso exigiendo dinero a los estudiantes o vendiendo droga, bajo la mirada cómplice de las autoridades universitarias. Pero para buena parte de la sociedad no hay distinción entre una protesta justa y expresiones propias de los peores maleantes, como ocurrió recientemente en la explanada de la Torre de Rectoría. Para los que piensan así, los estudiantes deben ser unos neerds, aplicaditos, dedicados sólo a estudiar, carentes de cualquier visón crítica de la sociedad, pues los otros son unos “revoltosos”.
Al día siguiente de la agresión, cuando los verdaderos estudiantes se manifestaban en protesta, llegué a escuchar a gente que al ver la TV en la calle se refería a ellos, a los agredidos, como “pinches porros”. Incluso a profesores universitarios de unidades periféricas de la UNAM, que decían: “¿Pero por qué hacen un paro, si eso pasó en CU y no aquí?”, como si no entendieran que la institución es una sola (de hecho los agredidos eran del CCH Azcapotzalco, pero cuando estallaron los paros en escuelas y facultades, la mayoría de 48 horas, aunque algunos continuaron de manera indefinida), muchos no lo comprendieron. Incluso el campus de la UNAM en Morelia entró también en paro, lo que revela la conciencia de la unidad de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Sin embargo, la desinformación, la confusión y la ignorancia han abonado a que continúe existiendo ese nefasto fenómeno, que es hora de erradicar, con fuerza y con rigor. Esperemos que en los próximos días la Rectoría tome medidas que vayan más allá de la expulsión de los estudiantes involucrados y algunos empleados, como el jefe operativo de vigilancia (El Jefe Cobra), que no hizo nada por detener lo que ocurría ante sus ojos, en una actitud cómplice que deja ver cómo intereses antiuniversitarios se encuentran insertos en la propia universidad, siendo ellos los que propiciaron este inadmisible ataque. Se debe investigar a fondo y diseñar las estrategias necesarias para acabar con este fenómeno que ha sido parte de la historia y la vida de la institución.
En el reino de Ubú no hay universidades y el ejercicio de la violencia es atribución exclusiva del Estado. No existen formas tan sutiles como la creación de grupos de choque o de infiltrados, para acabar con movimientos concientizadores y libertarios, que hubieran buscado transformaciones. Pero el México de los siglos XX y XXI es algo muy distinto, y aquí el poder, la violencia, la manipulación, el engaño y la provocación se entrecruzan y se mezclan, de una manera compleja, que requiere minuciosos análisis para su entendimiento.
¡Para mí es suficiente!
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