Ismael Ledesma Mateos
El reino gobernado por el Padre Ubú no poseía una enorme extensión territorial como nuestro México, ni sus innumerables recursos naturales, tanto renovables como no renovables, como es el petróleo, que por décadas fue uno de los motores primordiales de nuestra economía. Para él un acontecimiento como la expropiación petrolera no tendría el significado que los mexicanos patriotas le daríamos. Él seguramente pensaría en aspectos comerciales, como lo hacen los sátrapas que nos gobiernan.
Al final de los años setenta, cuando era estudiante en la UNAM —una entre otras de las grandes instituciones del México posrevolucionario— sentí una inmensa felicidad al conocer el anuncio del presidente: “México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora, con el petróleo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia.” El país vería fortalecida su economía de una manera impresionante luego de la noticia de la enorme potencialidad productiva del yacimiento de Cantarell en la costa de Campeche. Eran mis tiempos de formación como biólogo, cuando en 1980 México ocupó el sexto lugar en el mundo en cuanto a reservas se refiere y el quinto en producción. Para 1982 el país ocupaba el cuarto lugar en reservas y exportaba un millón 500 000 barriles diarios, después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos.
Sin embargo, ahora el desplome de los precios del petróleo hunde la economía nacional petrolizada. Este acontecimiento sólo es entendible como consecuencia de otro, uno de los más emblemáticos de la historia del México del siglo XX, que fue indudablemente la expropiación petrolera que llevó a materializar uno de los aspectos esenciales de la Constitución de 1917, plasmada en su artículo 27, que garantizaba la soberanía de la nación sobre los recursos del subsuelo, así como la ley de expropiación promulgada en 1936.
Afrontamos hoy la acción abyecta llamada “Reforma energética”, que en realidad es una contrarreforma, en esencia anticonstitucional, que contraviene el texto original del artículo 27, que dice que “corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos… el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…” Es decir, son de dominio de la nación, “inalienable e imprescriptible”.
Lázaro Cárdenas tenía la idea de un gobierno popular, basado en el corporativismo, asentando los elementos fundamentales de lo que sería el llamado “sistema político mexicano”, que se “cayó” con el fraude electoral de 1988, que llevó al poder al Carlos Salinas de Gortari. Ese sistema que con Cárdenas materializó el anhelo de justicia social producto de la Revolución, durante su régimen intentó concretar lo que en términos de Antonio Gramsci sería un “bloque histórico” que conjuntaría la participación de obreros, campesinos y los llamados sectores populares. Con una orientación de izquierda, más propiamente populista, Cárdenas fue capaz de instrumentar una estrategia para la recuperación de la soberanía nacional sobre el petróleo y para ello se valió de una alianza con el movimiento obrero, por la vía del movimiento sindical.
Para ello promovió que los trabajadores petroleros exigieran nuevas condiciones de trabajo y, ante la negativa de las empresas extranjeras, éstas fueron demandadas, habiendo conseguido un fallo favorable por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre. Se dejó pasar un plazo de tres meses para publicar el decreto expropiatorio, leído ante la radio en Palacio Nacional la noche del 18 de marzo de 1938, que parte de dos consideraciones: la primera, que las empresas petroleras que operan en el país fueron condenadas a la implantación de nuevas condiciones laborales, pero se negaron a aceptar el laudo constitucionalmente válido emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de la República, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo”.
Y la segunda: “este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera”.
Por todo ello, y de acuerdo al artículo 27 constitucional y la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, expidió el decreto en el cual: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las compañías extranjeras usufructuarias del recurso, entre ellas la famosa Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., siendo la Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la nación, quienes procederán a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Para luego en el artículo 3º del decreto señalar que la Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de diez años.
Este suceso desató las más enconadas reacciones por parte de los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña, aunque también contó con la simpatía y apoyo de círculos de obreros de Inglaterra y grupos de izquierda de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, que mostró una actitud más recatada, valorando los riesgos potenciales de una confrontación con México, un potencial aliado en un contexto internacional extremadamente complejo ante el ascenso del fascismo en Europa.
En México la solidaridad del pueblo fue impresionante, y el 20 de marzo doscientas mil personas aclamaron al presidente en el zócalo, siendo extraordinarias las colas de gente de todas las clases sociales que acudieron al Palacio de Bellas Artes para hacer aportaciones al pago de la deuda por la indemnización, contribuyendo con lo que pudieron, desde joyas hasta guajolotes. A pesar de la actitud distante de la UNAM con el gobierno, cerca de veinte mil estudiantes lo vitorearon. El rector Luis Chico Goerne dijo en el acto: “Presidente de mi patria: he aquí el alma y la carne joven de México. Están contigo porque tú estás con el honor.” Cárdenas tomó la bandera universitaria ondeándola emotivamente por varios minutos.
A pesar de la puesta en marcha de un boicot comercial, México salió adelante sentando un precedente de enorme trascendencia internacional. Una verdadera muestra de nacionalismo soberano por parte de un gobierno popular. Por ello es una desgracia para la nación cómo ahora en este siglo XXI el gobierno priista ha buscado concretar el proyecto de desmantelamiento de la industria paraestatal más importante para la economía, el cual ya había comenzado a diseñarse desde los gobiernos derechistas del PAN. No obstante, el pueblo, la ciudadanía, deben saber que todo ello puede ser reversible con una actitud enérgica por parte de las fuerzas políticas avanzadas del país. La inconstitucionalidad de los contratos derivados de la “Ronda 1” podrían, con una acción jurídica eficaz, echarse abajo, antes de esperar una nueva correlación de fuerzas que permita derogar la mal llamada reforma energética, preservando el orden constitucional y el estado de derecho.
¿Estado de derecho? ¿Qué es eso?, diría Ubú Rey a la Madre Ubú y al Capitán Bordura, tal como a pesar de la farsa y la simulación piensa el Gobierno Federal Mexicano, pero con decisión, a pesar de la adversidad eso puede ser reversible, como pudo concretar el logro de la expropiación petrolera el gobierno de Lázaro Cárdenas.
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