Ismael Ledesma Mateos
El silencio tiene gran importancia en política. La política siempre se encuentra englobada por un discurso al cual corresponde y que está constituido por palabras. Pero el silencio implica un conjunto de palabra no dichas, por lo que es algo más que callar. En el siglo XIII Joseph Dinouart escribió Sobre el arte de callar y el silencio, donde dice: “el silencio es tan expresivo que se vuelve una lección para los imprudentes y un castigo para los culpables”. La protesta bien estructurada implica el uso de la palabra, de una argumentación coherente; pero ante la incoherencia llega el momento en el que es necesario guardar silencio.
En el 68 para tratar de sentar condiciones para el diálogo entre el gobierno y los estudiantes se dio en el seno de la dirección del movimiento la iniciativa de no realizar más manifestaciones, en espera de una respuesta, pero en su informe de gobierno Díaz Ordaz declaró: “hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo”.
El Congreso de la Unión entero aplaude su informe y respalda su postura, el Senado da “apoyo total” al presidente para que dispusiera de la totalidad de las fuerzas armadas “en defensa de la seguridad interna y externa de México, cuando fuera preciso”.
En esos días la Universidad Autónoma de Puebla es ocupada por el ejército. Una campaña de difamación se dio en todos lados: volantes, radio, televisión, periódicos. Durante la primera mitad del mes, en los mítines “relámpago” y en la actividad de las brigadas de estudiantes éstos son arrestados y las cárceles se llenan de jóvenes.
Por esas razones, era necesario volver a tomar las calles, pues lo dicho por el presidente en su informe era una clara negativa al diálogo y una declaración explícita de que la represión continuaría. Fue así que el viernes 13 de septiembre (aniversario de la batalla del Castillo de Chapultepec contra el invasor norteamericano) unas 25,000 personas, entre estudiantes, profesores, trabajadores y gente del pueblo realizaron una manifestación que partió del Museo Nacional de Antropología e Historia a la Plaza de la Constitución, en absoluto silencio, lo cual fue todo un acontecimiento.
El impacto de la “marcha del silencio” fue enorme, y según se narra en la Gaceta UNAM, los manifestantes además de pancartas con sus demandas llevaban imágenes de héroes como Hidalgo, Morelos, Villa y Zapata, en una atmósfera ligada a los festejos del inicio de la independencia en pocos días. Eran tantos que la policía, los soldados y los provocadores no se atrevieron a actuar. Para cumplir cabalmente su propósito, muchos se pusieron esparadrapos en la boca, y finalmente el contingente llenó la Plaza de la Constitución. Con ello se buscó demostrar a la sociedad la falsedad de la información y los rumores que mostraban a los estudiantes como vándalos y revoltosos, incidiendo favorablemente en la opinión pública, que mostró una mayor simpatía al movimiento. Dado que no pudo haber infiltrados en la marcha, mientras ésta transcurría, en el estacionamiento del Museo de Antropología unos cien automóviles, propiedad de los universitarios, fueron destrozados por un grupo de pandilleros que escaparon en camionetas.
El domingo 15 de septiembre 60 representantes de la UNAM, el Consejo Universitario, directores, escuelas, facultades e institutos deciden nombrar una comisión presidida por el rector para redactar un documento que firma el Consejo Universitario. Este organismo se solidariza con las exigencias de los Comités de Lucha y declara no suplantar a ninguno de ellos, ni servir de intermediario ante el régimen. Y más tarde se celebran festejos populares en Ciudad Universitaria y en el IPN para conmemorar la independencia nacional, aunque en un clima de temor por la acción de la policía, el ejército y provocadores que seguían deteniendo y desapareciendo gente.
La marcha del silencio seguramente enfureció Díaz Ordaz, que como una forma de combatirla decidió ocupar Ciudad Universitaria el miércoles 18 de septiembre por la noche. Para ello se adujo que sus edificios son públicos, pero estaban ocupados ilegalmente por grupos extrauniversitarios ajenos a fines académicos. Los soldados desalojan de las instalaciones universitarias a los estudiantes y padres de familia (que en ese momento celebraban una asamblea en la Escuela de Economía), así como a maestros, funcionarios y empleados de la UNAM (más de 500 detenidos) y los transportan en vehículos militares a la explanada de la Rectoría, impidiéndose la presencia de reporteros y fotógrafos.
En tanto que la Ciudad Universitaria está acordonada por el ejército el rector Javier Barros Sierra declara: “La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía.” Por otra parte, el general Marcelino García Barragán emite un boletín de prensa: “El ejército actuó en la universidad de acuerdo con las razones expuestas por la Secretaría de Gobernación…” Algo repugnante es que el poder legislativo aplaude la ocupación militar de CU. El rector Javier Barros Sierra presentará su renuncia, argumentando la feroz embestida desatada en contra de la investidura de la autoridad universitaria. El jueves 19, el diputado Luis M. Farías, presidente de la Gran Comisión de la Cámara Baja, con el fin de justificar la intervención del ejército, pide a la Universidad Nacional Autónoma de México que, “en vista de que no le fue posible por sus propios medios restablecer el orden, agradezca la medida adoptada por el gobierno federal y solicite del mismo le sean devueltos los edificios para destinarlos a los fines para los que fueron creados: la enseñanza y la investigación”.
Varios diputados culpan al rector por su incapacidad para detener el conflicto. Ante la ocupación del día anterior, Barros Sierra declara: “Así como apelé a los universitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución, hoy los exhorto a que asuman, donde quiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México y a que no abandonen sus responsabilidades… La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia.”
Las agresiones del gobierno continuaron al día siguiente: el viernes 20 la policía ataca brutalmente a la Unidad Zacatenco y la Vocacional 7 del IPN en Tlatelolco y el 29 ocupa el Casco de Santo Tomás, después de largas horas de batalla campal entre estudiantes y granaderos, habiendo varios jóvenes muertos.
Siguiendo a Antonio Gómez Nashiki, el día 23 el rector Barros Sierra entrega su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM, declarando que “es obvio que la autonomía ha sido violada”. Por lo que respecta a los ataques, dice: “Es bien cierto que hasta hoy proceden de gentes menores, sin autoridad moral; pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen. La conclusión inescapable es que, quienes no entienden el conflicto, ni han logrado solucionarlo, decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa y entre ellos me han escogido a mí.” Sin embargo, el Sindicato de Profesores de la UNAM declaró: “Si la Junta de Gobierno acepta la renuncia del rector Barros Sierra, los siete mil profesores dimitirán en masa”. El miércoles 25 la Junta de Gobierno de la UNAM decide no aceptar la renuncia del ingeniero Javier Barros Sierra, por lo que al día siguiente en una carta dirigida a la Junta, manifiesta la decisión de no abandonar sus funciones ante el unánime apoyo que recibió de la comunidad universitaria. El lunes 30, después de doce días de ocupación, el ejército sale de las instalaciones de la UNAM y los funcionarios de la misma toman posesión de las instalaciones.
Ante el silencio como muestra de racionalidad y búsqueda de un acuerdo pacífico, el gobierno respondió con bayonetas y plomo, lo que auguraba el desenlace final que ocurriría el 2 de octubre. El anticomunismo de Díaz Ordaz llegó a extremos que vulneraron la soberanía nacional, pues según investigaciones realizadas por Sergio Aguayo, el presidente de México operaba como agente de la CIA y recibía dinero de ella, algo que resulta increíble pero al parecer cuenta con sustento documental. Esa colaboración (subordinación en realidad) es congruente con los prejuicios y paranoia del mandatorio, en el contexto de la guerra fía, que tuvo su punto máximo en un genocidio.
El silencio en la marcha aludida revela una forma de conocimiento y de saber, producto de un aprendizaje, pues como dijera Ernest Hemingway: “Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar”, aunque los jóvenes del 68 no tenían esa edad y supieron callar en la búsqueda del diálogo.
Gustavo Díaz Ordaz es la encarnación de una maldad inaudita que asustaría al Padre Ubú, quien a pesar de ser un represor, de todos sus defectos, su torpeza y bajeza moral, no cometió un genocidio y su codicia no involucró la búsqueda del exterminio de la juventud. Ubú era un tirano que asfixiaba a sus súbditos en lo cotidiano, pero lo central en él es la codicia y la búsqueda de riquezas. Lo ocurrido en el 68 fue distinto y la realidad vivida en México superó por mucho la fantasía, aunque ello sentó las bases para una transformación del país, que ha llevado muchos años y que ahora, 50 años después, existe la esperanza de que se logre.
¡Para mí es suficiente!
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