El miedo al ciudadano

Mariela Arrazola Bonilla

Un ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes (RAE). Como señala José Enrique Ortiz Rosas, en nuestro tiempo ciudadanía y democracia son dos conceptos centrales que están estrechamente vinculados: “Sin democracia no puede haber ciudadanía.” Una ciudadanía activa coopera con el Estado, se enfrenta políticamente con él, hace valer sus argumentos en el espacio público, construye alianzas para crear un proyecto democrático-participativo (Ortiz).

Bajo esta premisa, quizás utópica, hace tiempo que me enrolé en el Consejo Ciudadano de Participación de Cultura, del cual fui presidenta. Las primeras experiencias me hicieron darme cuenta de que el Consejo era visto, por algunos, como un trampolín para exigir funciones, talleres, espacios al gobierno. Sin duda, ése no es el fin del Consejo y es que justamente se busca que los consejeros no reciban fondos públicos. Tardamos un tiempo en acabar con estas prácticas, pero se pudo. ¿Cómo? Poniendo el ejemplo, exigiendo a gobierno y a ciudadanos acatar el reglamento de los consejos ciudadanos.

El Consejo se fue tornando en un conjunto respetado, incluso consultado por el gobierno, como cuando se nos dio a evaluar el Programa Artistas Urbanos, del cual hicimos unas 17 recomendaciones. Un trabajo de equipo, de consenso, de diálogo de lo público.

Como parte de las labores fundamentales de los consejos ciudadanos está la evaluación de los programas y acciones de gobierno. Así es que el espacio de sesión del Consejo se convirtió en un marco para el debate, el análisis y reflexión de las acciones y programas que nos presentaban. Este análisis mostró su madurez cuando el conjunto de personas que integrábamos dicho Consejo llegó a la conclusión de que los programas como tal no eran malos, ni podían objetarse.

El problema de fondo, conclusión a la que llegamos después de leer planes municipales, reglamentos, etcétera, era que, como tal, en la base misma de la gestión pública municipal no existen esquemas para promover la participación ciudadana. Así por ejemplo, el Reglamento Interno del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) no contempla al ciudadano en la elaboración de un presupuesto participativo. Además, si bien al interior del IMACP se señala la existencia de un Consejo interno ciudadano, éste es desconocido. Aunque goza de muchas atribuciones, no se tiene documentado qué hizo. Pero lo peor del caso es que sólo se trata de tres o cuatro personas, de las cuales sólo dos tienen voz y voto en la Junta de Gobierno del IMACP, y además son elegidas por el presidente de dicha junta directiva, sin que se den a conocer las bases del criterio de selección. Una sobrerrepresentación de funcionarios públicos, en pocas palabras.

Luego de este enorme esfuerzo ciudadano, la labor del Consejo fue cuestionada debido a que éste hizo público el diagnóstico. Después de la rueda de prensa, fui llamada por el secretario de los Consejos de Participación Ciudadana, Ricardo Reyes, quien lejos de poder argumentar la validez científica del diagnóstico, más bien se dedicó a juzgar si los tiempos y las formas eran apropiados. El trabajo planeado seis meses antes por un conjunto de personas de pronto se volvió objetable. Poco conveniente en época electoral, según él. El colmo fue cuando se me hizo la invitación a que, si tenía retroalimentación para gobierno, no la hiciera pública.

¿Pues, a quién creen que gobiernan?

Dígame usted lector, ¿en qué cabeza cabe pedirle a un ser adulto y pensante que se alinee, que se sujete a la voluntad política de un servidor municipal cuyos juicios de valor demuestran la carencia de esquemas mentales para evaluar un trabajo de análisis hermenéutico de un documento legal? Que los servidores públicos piensen todo en términos electorales no significa que los demás lo hagamos. Que ellos den lecturas políticas y especulen y alucinen sobre las repercusiones, en particular sobre cómo este diagnóstico puede ser usado para desacreditar a la administración actual, es hipotético y queda fuera del alcance del Consejo. Sus miedos no son los nuestros.

Pues así hay funcionarios, con miedo a que los ciudadanos se involucren en serio. Afortunadamente, esos dinosaurios están en extinción. Cada vez somos más los ciudadanos que participamos activamente. Si nos censuran y boicotean por un lado, encontramos otro, como el foro académico, el artículo arbitrado, el twitter, etcétera. Es lamentable encontrar servidores públicos que aún hoy día atentan contra el derecho de libertad de expresión. En mi opinión académica y científica, la deuda con la participación ciudadana en la gestión cultural municipal es grande y se debe subsanar, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese.