Mariela Arrazola Bonilla
Hace unos días un reportaje de Carmen García Bermejo para Aristegui Noticias daba cuenta de cómo las Orquestas Aztecas han recibido fondos públicos (260 millones tan sólo en el año 2016), mientras que el resto del sector cultural, que depende de los fondos gubernamentales para su subsistencia, sólo recibe recortes presupuestales año con año: 58% fue el recorte a la Secretaría de Cultura en lo que va del sexenio.
Estas reducciones traen como consecuencia la desaparición de orquestas sinfónicas estatales, municipales o de un sinfín de proyectos culturales significativos y, no se diga, el impacto que esto acarrea.
García Bermejo da mejor cuenta que yo de este drama al entrevistar a los gestores culturales que han visto sus proyectos venir a nada. No obstante, lo que falta puntualizar es el problema de fondo que no tendrá solución en el mediano plazo, al menos no durante el próximo sexenio. El gobierno mexicano, como resultado de su paternalismo electorero, siempre se ha sentido con la obligación de financiar la cultura. Esta obligación la hizo ley apenas el año pasado, como si no tuviera ya bastantes problemas que resolver.
Mire, lector: filántropos como Bill Gates están en contra de dar fondos a la cultura y las artes. Su argumento es que la necesidad de ser artista es una cuestión de satisfacción personal que cada uno debería ser capaz de realizar y, si no la puede satisfacer, entonces debería dedicarse a otra cosa. Sí, esto puede hacer llorar a varios, pero es una aseveración pragmática: ¿por qué de nuestros impuestos habríamos de darle dinero a un cineasta que quiere hacer su peli cuando con ese dinero pueden apoyarse necesidades latentes y urgentes, como atención médica a comunidades indígenas?
El economista Bruno Frey no se aleja demasiado de este planteamiento. Él dice que el problema que tenemos en Occidente es que todo mundo es libre de autodenominarse artista. No obstante, si bien todos pueden llamarse así, son los menos quienes pueden trabajar y vivir sólo de su arte y obtener los suficientes recursos sin necesidad de recurrir a fondos o becas, o bien, dedicarse a otra actividad remunerada que a la vez implica que dediquen menos tiempo a su arte.
En México, como en otros países, se apoya con fondos públicos la cultura porque suponemos a priori que nos aporta beneficios sociales. Se financia porque no todos tienen la oportunidad de acceder a la cultura si no es gratuita; se destinan fondos públicos porque muchos bienes culturales son además un bien público, como las colecciones arqueológicas y artísticas resguardadas por museos; se financia por orgullo e identidad nacional, como el argumento de que hay que llevar artistas a otras partes del mundo a mostrar lo que es el arte mexicano. En fin, éstas son algunas de las razones por las que se otorgan fondos públicos teóricamente. En la práctica, apoyar actividades artísticas y culturales hace lucir bien al servidor público, a la administración en turno.
El extinto Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, acostumbró durante años al sector cultural a la provisión pública, es decir, apoya directamente en forma de subsidios, donativos, becas, fondos concursables, etcétera. Imagínese, lector, el costo político de quitar el Fonca o el Efiteatro: ningún candidato va a venir a proponerle esto porque pierde votos, por supuesto, aunque sepa que no hay dinero y que no lo habrá. No se van a atrever a hacerlo, por eso sólo reducen el presupuesto.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contribuye a través de apoyo fiscal directo, como lo es el programa de donación de obras de arte y la deducción de impuestos a los artistas seleccionados para formar parte de las colecciones patrimoniales. Menos conocido es cómo la SHCP apoya indirectamente, cómo legisla para que algunas empresas, a través de programas culturales deduzcan impuestos. Sale ahora a la luz el financiamiento público que se ha hecho a las Orquestas Azteca.
El problema de este apoyo indirecto es que dichos fondos se dejan de destinar a otros sectores a los que quizás la ayuda sea más urgente, como el sector salud. Otro problema es que no hay transparencia, es decir, no se sabe en qué usan dichos fondos las empresas que los dejan de dar al gobierno.
En países como Estados Unidos el gobierno destina pocos recursos a financiar la cultura. No obstante, trabajan más duro en fomentar la filantropía. Promueve que la iniciativa privada (IP) canalice fondos directos a organizaciones artísticas y culturales. Incluso cada presidente propone un programa fiscal para dar o quitar apoyos indirectos, como es el caso de la condonación de impuestos a los que donen obras de arte a museos.
Así por ejemplo, el artista americano que quiere irse a realizar una residencia, acude a la IP y concursa por los fondos. Lo mismo sucede con las instituciones culturales: demuestran su trabajo, sus resultados y por ello las empresas les otorgan fondos. Es decir, la función principal del gestor cultural es la de elaborar campañas de recaudación de fondos para ejecutar sus proyectos y, si no tiene éxito en ese paso, pues asume. Es parte de las reglas del juego.
Cosa muy distinta es lo que está haciendo el gobierno mexicano de financiar a la IP para que tenga proyectos culturales. Esta puntada es digna de un tratamiento académico que dé cuenta del fenómeno. Es decir, es una cosa perversa que debe documentarse de manera científica.
Así, el drama de la cultura es que este país no tiene dinero, y menos dinero tendrá para la cultura. Es por ello que el gobierno debe hacerse responsable de incentivar la participación de la iniciativa privada, no la subvención de ésta, en la cultura y las artes. Debe dejar de presentarse como mecenas de la cultura y debe educar a las nuevas generaciones a no depender de las becas y fondos concursables. Claro que es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Sin duda el caso del financiamiento de las Orquestas Azteca, por mucho que nos digan que benefician a muchas personas, es un digno ejemplo de lo que ya no se puede seguir haciendo. Hay que reinventar la forma de administrar la cultura en México.
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